Algunos contratistas cobran subvenciones pero no pagan a las subcontratas y vamos a ser especialmente vigilantes para que el dinero que ese dinero se traslade con más controles y la apertura de expedientes informativos de las quejas que se reciban". Además, se establecerá como "requisito" para cobrar las certificaciones el que se tenga "constancia" de que "la primera se ha aplicado adecuadamente". Son palabras del consejero de Administración Pública y Hacienda, Angel Franco, al explicar el anteproyecto de Ley de Subvenciones de Extremadura que aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la Junta, y que será remitido de inmediato a la Asamblea para su tramitación parlamentaria. "Queremos buscar transparencia y eficacia, y reforzar los mecanismos de la lucha contra el fraude para evitar el uso fraudulento del dinero público", argumentó para señalar los objetivos de esta nueva normativa.

Unos datos muestra la relevancia de esta normativa. Anualmente, la Junta suele destinar 1.000 millones de euros a subvenciones a empresas privadas. A lo largo del pasado año, el Ejecutivo regional efectuó 453.133 pagos de subvenciones a 300.000 solicitantes (hay algunos subvencionados a los que se les otorgó más de una ayuda, de ahí la diferencia), según datos de la Consejería de Administración Pública y Hacienda.

La ley contempla aspectos como que para las subvenciones de más de 60.000 euros deberá haber una comprobación "material, in situ" para certificar que esa subvención se ha usado adecuadamente, comentó Franco. Además, cuando el perceptor de la subvención, "voluntariamente y sin que haya habido requerimiento por parte de la Administración", decida devolverla al ser consciente que no ha hecho el uso adecuado o porque no le correspondía, la ley le "exime" del recargo del 25% adicional que se incorpora a la solicitud de reintegro. Cuando la causa del reintegro se deba a la propia Junta no se le sumará tampoco el interés legal del dinero de la subvención.

Asimismo, y empleando el ejemplo de las multas de tráfico, Franco señaló que cuando el reintegro lleve aparejado sanción, esta "se negará en un 20 por ciento" si el beneficiario de la subvención la realiza "en periodo voluntario" y no interpone recurso. En el caso de que la devolución de la subvención sea imputable a la Administración regional se recuperará la subvención indebida sin ningún tipo de recargo ni por la vía de intereses ni de sanción.

El consejero también destacó que cada subvención llevará un plan estratégico de seguimiento para su ordenado control.

DATOS CADA MES Además, en ese afán de "transparencia, publicidad y utilización de las nuevas tecnologías" que persigue esta ley, indicó que "no hay ningún problema" en publicar mensualmente todo lo concerniente a la contratación pública, y el estado de ingresos y de gastos del presupuesto regional, tal y como se ha pedido desde el Gobierno central, aunque aclaró que desde 1996 la Junta remite trimestralmente a la Asamblea de Extremadura información de la ejecución del presupuesto. "No hay ninguna complejidad técnica, independientemente de que mes a mes las variaciones que puedan observarse en la ejecución del presupuesto van a ser poco significativas", comentó.

La ley tiene 74 artículos, en los que se abordan la concesión de subvenciones, el reintegro de las mismas, su control y las sanciones, entre otras cuestiones.