Desarrollar una nueva ley que fomente la plena inclusión social y la inserción profesional de las personas con discapacidad. Ese es el mensaje que la Junta extremeña, la Asamblea y el Comité de Representantes de Minusválidos (Cermi) lanzaron a las cerca de 80.000 personas que en la región sufren una discapacidad igual o superior al 33%. Una cifra que supera las 100.000 personas si se incluye la población en situaciones de dependencia y discapacitados sin valorar, entendida esta como la limitación en la realización de alguna actividad, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística. Este estudio sitúa a Extremadura, tras Galicia, en la comunidad con mayor tasa de discapacidad por cada mil habitantes (109,9). A la cola, La Rioja y Cantabria.
La consejera de Sanidad, María Jesús Mejuto, el presidente de la Asamblea, Juan Ramón Ferreira y el presidente del Cermi, Jesús Gumiel, aunaron sus voces ayer en Mérida en el acto institucional con motivo del Día internacional de las personas con discapacidad --instaurado por Naciones Unidas en 1992--, a través de un decálogo de medidas que abogan por defender a este colectivo ante la crisis, la pobreza y la exclusión. La discapacidad afecta en Extremadura a un mayor número de mujeres y la deficiencia que predomina es la osteoarticular.
El texto recoge, entre otras reivindicaciones, el acceso regular de los discapacitados al mercado de trabajo y la lucha contra la destrucción de empleo", apuesta por la "sensibilización" social respecto a las "mujeres con discapacidad" y advierte del "sobrecoste en el acceso a bienes y servicios por causa de discapacidad", que afecta en todo el mundo a 600 millones de personas, señaló ayer Ferreira.
Por su parte, Gumiel explicó que ahora "necesitamos ser más pragmáticos y tener más legislación" que sea capaz de articular medidas "audaces", con la consiguiente aplicación de un plan urgente de choque contra la progresiva destrucción de empleo.
