El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes la orden por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2019 y apertura del de 2020, que establece como fecha límite de entrada de documentos contables el 4 de octubre y que tiene como objetivo "la contención de los gastos en aquellas cuestiones que no sean prioritarias".

La orden, firmada por la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, responde a "un compromiso con la estabilidad presupuestaria", ha informado el Ejecutivo regional este viernes en una nota.

El texto, explica, regula las operaciones sobre gestión financiera y contabilidad pública a fin de facilitar la coordinación de los trabajos y la incorporación en el presupuesto de 2020 del cambio orgánico producido mediante el decreto por el que se modifican la denominación, número y competencias de las consejerías que conforman la Administración regional.

El cierre previsto, que establece como fecha límite de entrada de documentos contables el 4 de octubre, tiene como objetivo "la contención de los gastos en aquellas cuestiones que no sean prioritarias para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y, al mismo tiempo, limitar su efecto con el déficit autonómico".

Esta decisión, indica el Gobierno extremeño, se toma tras un análisis "pormenorizado" de todas las áreas de la Administración, de forma que "se eviten efectos perjudiciales sobre alguna partida sensible a las necesidades prioritarias de los extremeños", y afecta a la Administración General y a los organismos autónomos y entes públicos de la comunidad extremeña.

Quedan, por tanto, excluidos de la orden de cierre presupuestario las partidas que se refieren a endeudamiento, gastos de personal, expedientes de contratación ya iniciados, los que estén ligados al cumplimiento de plazos impuestos por la normativa europea y, en general, los que afecten a servicios públicos fundamentales, como es el caso de la dependencia, la discapacidad, las prestaciones sociales o sanitarias y las ayudas al empleo.

Esta medida, concluye la nota, se enmarca en el compromiso del Ejecutivo regional con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos marcados por el Estado, "indicadores que -reclama la Junta- deberían repartirse de forma equitativa entre las comunidades autónomas".