La Junta decidirá a partir de ahora conjuntamente con las asociaciones ciudadanas si una familia tiene que ser desalojada de una vivienda social, nunca por no poder pagar el alquiler, pero sí por incurrir en conductas antisociales o por incumplir las condiciones para ser adjudicatarios.
Esto es lo que contempla el 'Protocolo de desahucio y lanzamiento de viviendas de promoción pública de propiedad de la Junta de Extremadura', suscrito entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y representantes de las distintas Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), del Campamento Dignidad, de Adicae o de la asociación vecinal Colorines y Suerte de Saavedra de Badajoz.
Tras la firma del acuerdo, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José M Vergeles, destacó, según informa EFE, que el objetivo del Gobierno extremeño es que "los desahucios sean cero para aquellas personas que no pueden pagar", tanto en el caso de las viviendas públicas como privadas, para lo que se han diseñado medidas como el servicio de intermediación bancaria y otras del anteproyecto de ley de emergencia social de la vivienda.
Vergeles puso de relieve que el protocolo firmado ayer permite "ganar en transparencia" y en "justicia social" a la hora de operar un desahucio y lanzamiento en viviendas de promoción pública propiedad de la Junta. En este ámbito, se trata de distinguir lo que es un desahucio y lanzamiento "justo" de lo que no lo es, en los casos de causas justificativas, como incurrir en conducta antisocial que perjudique gravemente la convivencia con los vecinos; la no ocupación de la vivienda, la ocupación ilegal o el incumplimiento sobrevenido para ser adjudicatario de este tipo de viviendas, al disponer ya de otra o superar los ingresos exigidos.
Para ello se constituirá una mesa de seguimiento y control de ámbito autonómico, integrada por la Junta y las asociaciones firmantes, así como mesas de trabajo municipal en Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia, que estarán conformadas por el Gobierno regional y los grupos municipales con representación en los ayuntamientos. En estas mesas se debatirán y valorarán las distintas situaciones motivadoras del lanzamiento, así como las causas, las circunstancias concurrentes y sus consecuencias para decidir al respecto de los procedimientos administrativos de desahucios antes de solicitar la autorización judicial para practicarlos.
Además, la Junta comparecerá a petición propia de forma periódica ante la comisión parlamentaria correspondiente para dar cuenta de las actuaciones practicadas en el ámbito de este protocolo.
14.000 VIVIENDAS SOCIALES El consejero indicó que la Junta dispone de algo más de 14.000 viviendas sociales, aunque precisó que el dato exacto no se conoce, ya que es necesario hacer una evaluación de la totalidad para ver en qué situación se encuentran. En concreto, puntualizó que en Badajoz existen 2.452 viviendas propiedad de la Junta; en Mérida, 1.420; en Cáceres, 1.031; y en Plasencia, 592. Vergeles apuntó que desde el comienzo de la legislatura se han iniciado 61 expedientes de desalojo, 25 por ocupación ilegal, 21 por conducta antisocial, 14 por no estar ocupadas y una porque su adjudicatario posee otra vivienda.
Por parte de los colectivos firmantes del protocolo, la representante del PAH Mérida, María Angeles Merino, destacó que la lista de demandante de viviendas sociales en Extremadura supera las 29.000 personas y consideró el acuerdo suscrito como un primer paso, pero "mejorable". Así, instó a la Junta a actuar en el caso de los desahucios de las viviendas privadas por parte de los bancos y entregó a la secretaria general de Vivienda una copia de la Ley de Emergencia Habitacional de Cataluña, para que se traslade a Extremadura.
