La Junta de Extremadura ha comunicado al Gobierno que no entrará como socio en Cetarsa, ni en mayoría ni en minoría, según confirmó el consejero de Agricultura, Eugenio Alvarez. En su opinión, la propuesta lanzada por algunas organizaciones agrarias para que el Ejecutivo regional intervenga en la privatización de la compañía tabaquera, comprando parte del capital, "es un sinsentido, porque sería dar dinero público a las arcas de Hacienda para facilitarle su intención de librarse de la empresa". El consejero sí aseguro que el Gobierno autonómico "se opondrá con todos los medios legales a su alcance, sin excluir ninguno, a que se venda Cetarsa".
Alvarez mantuvo ayer una reunión en Mérida con el consejero delegado de Cetarsa, José Ramón Esteruelas, y con el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pablo Olivera, quien declinó hacer declaraciones. Sin embargo, el consejero explicó que Olivera le confirmó que la privatización de la tabaquera "no se ha paralizado, sólo se retrasará un poco y será efectiva a principios del 2004, aunque quizá, viendo la cercanía de las elecciones generales, la aplacen hasta julio".
En cuanto a las declaraciones de Carlos Floriano en Hoy , manifestando que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le había asegurado que la privatización se detendría hasta tener garantías de que no se perderá empleo --Cetarsa tiene 600 trabajadores en Extremadura-- Alvarez indicó que no es así y que el líder del PP "no se entera de nada, porque el de los trabajadores es sólo una parte del problema, y aquí lo que realmente está en juego es un sector importantísimo de la economía de la zona norte de la región, donde Cetarsa venía actuando como elemento de regulación del mercado, que garantiza la renta de 6.000 familias que viven del tabaco". A su juicio, la intervención de Cristóbal Montoro sólo pretende "salvar la cara" del dirigente regional del PP con vistas al debate de investidura del lunes.
