El consejero de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, Javier López Iniesta, aseguró ayer que el decreto del Gobierno que establece un paquete de ayudas para los afectados por los incendios del pasado verano "no vale absolutamente para nada". En este sentido, López Iniesta insiste en que el Ejecutivo ha aprobado unas ayudas inaplicables en la práctica o que aluden a aspectos ya ejecutados en su día por el Gobierno extremeño.

La Junta arremetió ayer contra las ayudas que aprobó el último Consejo de Ministros y que están dirigidas a los afectados por los incendios que el pasado verano asolaron gran parte de la región. Para López Iniesta, el Real Decreto Ley 6/2003 de 21 de noviembre "es humo, pura propaganda y una tomadura de pelo" para los extremeños. Tanto es así, añadió, que hasta incluye un capítulos de indemnizaciones para los fallecidos, "lo que es de mal gusto" teniendo en cuenta que en Extremadura no se registraron desgracias personales.

CRITICAS A FLORIANO Además, el titular de Desarrollo Rural criticó el "poco peso" del presidente del PP extremeño, Carlos Floriano, en la decisión del Gobierno, puesto que el dirigente popular presentó hasta once peticiones concretas al Ejecutivo a través de una Proposición No de Ley en el Parlamento regional "y no han escuchado ni una".

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Por lo que se refiere a las medidas concretas del decreto, el consejero extremeño hizo un repaso detallado. Así, señaló que los daños en infraestructuras municipales y en la red viaria "ya han sido arreglados por la Consejería de Fomento".

A esto hay que sumar que en otros casos se piden muchos requisitos. Las indemnizaciones por daños en producciones agroganaderas sólo serán para los que tengan seguros agrarios y siempre que las pérdidas sean superiores al 20% de la producción asegurada. Las reducciones fiscales para el sector agrario se autorizarán sólo "con carácter excepcional", algo similar a lo establecido para las ayudas de emergencia.

TERMINOS FALSOS Iniesta también criticó la moratoria en el pago de la seguridad social, "que no significa exención sino aplazamiento", y lo establecido en materia de expedientes de regulación de empleo "porque no hay empresas con capacidad para albergar expedientes de regulación masivos". Algo parecido ocurre con los beneficios fiscales de carácter general y la exención del IBI o el IAE, que a su juicio son útiles sólo en el caso de que se pueda demuestrar "que han tenido que trasladarse de fincas o locales para continuar con la actividad".

Con todo, el consejero reclamó a Carlos Floriano que explique "qué es lo que pretenden" con este decreto, puesto que los 24 millones de euros de los que se había venido hablando "no están claros, es una cifra que se han inventado". Todo lo contrario que la Junta, añadió, que seguirá aprobando ayudas especiales en el 2004.