No todo es «negro» en el campo extremeño. Lo dijo ayer la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, que compareció en el pleno de la Asamblea a petición del PP para informar de la situación del sector tras la ola de protestas que los productores iniciaron hace unas semanas. García Bernal pidió «unidad de acción» para combatir los problemas del campo y anunció nuevas medidas como la creación de un observatorio de precios y una línea de 10 millones de euros en ayudas para la sustitución de cultivos frutícolas. No obstante, la consjera acaparó todas las críticas de la oposición por hablar solo «de la cara A», que a juicio de PP, Podemos y Ciudadanos poco tiene que ver con el sentimiento generalizado de los agricultores y las protestas en la calle.

García Bernal explicó que Extremadura cuenta con un sector agrario «muy plural» y defendió que no es justo que se generalice todo lo negativo. Reconoció que existe un problema de precios «en algunos productos concretos» como la fruta o el aceite, pero también destacó que en otros como el ovino y el ibérico las cosas están mejorando. «Aunque a algunos les cueste aceptarlo, no todo el sector tiene esa negra perspectiva», apuntó la consejera, que recordó además que Extremadura es la primera productora nacional de tabaco y tomate, segunda en arroz y tercera en maíz y cultivos hortícolas.

La consejera valoró además que todas las administraciones públicas han reconocido las debilidades del sector y están tomando medidas, destacando la acción del Gobierno central con un decreto de medidas urgentes para mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Unas medidas que ahora se terminarán de perfilar con las comunidades, que entre otras cuestiones deberán encargarse de realizar las inspecciones y controles necesarios. En el ámbito autonómico, García Bernal apuntó además que se están dando los primeros pasos para la creación de un Observatorio de Precios Agrarios que, al menos con los productos más importantes a nivel regional, pueda ofrecer información de los precios en origen, de salida de empresa de transformación y al consumidor. Para la puesta en marcha de este observatorio y su mantenimiento será necesaria la colaboración de productores, almacenistas, transformadores, distribuidores y comercio.

Otra de las medidas por las que apostará la Junta para dar solución a los problemas «estructurales» del sector es la diversidad de cultivos, especialmente en el ámbito frutícola, para el que se establecerá una línea de ayudas dotada con 10 millones de euros. Al respecto, García Bernal explicó que no se financiará la sustitución de frutales por olivar superintensivo (genera menos mano de obra), sino que se trata de fomentar «todo lo relacionado con las nuevas variedades» de fruta. «Desde luego no es (una solución) para hoy ni para mañana y se tiene que estudiar por el sector», dijo García Bernal, que apuntó que la propuesta ya cuenta con un informe técnico favorable.

«Unidad de acción y trabajo para buscar la mejora del sector primario», insistió la consejera en su intervención, en la que también quiso dejar claro que la PAC es «una prioridad para Extremadura y también una nueva oportunidad para mejorar la renta de los productores y disminuir la volatilidad de los precios». La consejera acaparó todas las críticas de la oposición por ofrecer una visión demasiado optimista y alejada de la realidad que se vive en la calle con las protestas. PP, Ciudadanos y Unidas Podemos consideraron además que la comparecencia de la titular de Agricultura llega tarde y le afearon que no haya sido a petición propia.

PAPEL MOJADO / Desde el PP, la diputada Mercedes Morán advirtió de la situación «límite» que vive el sector, con un beneficio inferior en un 32% al del resto de actividades económicas. Señaló que las medidas planteadas por el Ejecutivo regional son «papel mojado» y respecto a las ayudas a la conversión varietal de la fruta de hueso, preguntó a la consejera «qué ocurre con el resto de sectores».

En la misma línea, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga consideró insuficiente el decreto de medidas urgentes del Gobierno y pidió que se tomen medidas inmediatas a corto y medio plazo. Entre ellas, reducciones fiscales y en la factura eléctrica o hacer compatible el subsidio agrario con el empleo para incrementar los ingresos de los jornaleros.

Por último, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, instó a la Junta a elegir entre el pequeño agricultor y el «de salón» y apostar a nivel autonómico por un modelo «más sostenible, más local y más diversificado».