El Gobierno de Extremadura ha descartado hoy aplicar medidas similares al decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía para frenar los desahucios ya que, en su opinión, vulnera el derecho a la propiedad y no tiene cabida dentro de las competencias de una comunidad autónoma.

A falta de un análisis jurídico más detallado del decreto ley andaluz, el Ejecutivo de José Antonio Monago (PP) descarta adoptar una medida similar en Extremadura por diversos motivos, entre ellos, porque el problema de Andalucía no se puede extrapolar a la comunidad extremeña porque no existen tantas viviendas vacías.

A pesar de este rechazo de la Junta, Izquierda Unida -que con su abstención facilitó la llegada de Monago a la Presidencia extremeña- ha manifestado que está dispuesta a proponer la medida andaluza en Extremadura.

Según han informado a Efe fuentes de la Junta, en Extremadura ya se están aplicando y tomando medidas que dentro de la Ley y ajustadas a derecho que hacen frente a la difícil situación de las personas desahuciadas por ejecución hipotecaria.

Dentro de estas medidas, Extremadura -en la opinión de la Junta- es "pionera" en España en la atención a los desahuciados, ya que una de las medidas que se aprobó en el pasado Consejo de Gobierno Extraordinario fue la puesta a disposición del Parque de Viviendas del Gobierno de Extremadura para los desahuciados por una ejecución hipotecaria de su primera vivienda.

De hecho, la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo ya ha atendido a 4 familias que tenían una situación de extrema y urgente necesidad a raíz del desahucio de su vivienda por una ejecución hipotecaria, y han podido acceder a una vivienda social del Gobierno regional a través de una adjudicación directa.

Además, desde el pasado 22 de marzo ya está en vigor un decreto por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde por primera vez se contempla como una de las causas de adjudicación directa de una vivienda de promoción social.

"En los supuestos en los que se acredite por parte de la unidad familiar, la pérdida de la vivienda, por la imposibilidad del pago en procedimiento judicial de desahucio de las cuotas hipotecarias", dice el decreto.

En esta misma norma se contempla que los adjudicatarios de las viviendas de promoción pública en régimen de alquiler que hayan sufrido una alteración significativa en los ingresos de la unidad familiar, podrán solicitar la minoración de la renta durante un período máximo de dos años, cuando el importe de la misma suponga un esfuerzo económico superior al 10 por ciento de sus ingresos".

Desde que entró en vigor esta medida, los Servicios Sociales de la Consejería de Fomento extremeño ya han atendido a 26 familias adjudicatarias de viviendas sociales, que han solicitado acogerse a esta minoración de la renta.