El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto-ley con medidas extraordinarias y urgentes en materia de subvenciones, contratos administrativos y selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el covid-19.
Con ello la Junta pretende minimizar en lo posible el impacto social de la pandemia y facilitar que la actividad se recupere «tan pronto como la situación sanitaria mejore».
El objetivo es que estos efectos negativos sean transitorios y evitar, en última instancia, que se produzca un impacto más duradero o estructural, por lo que es imprescindible la puesta en marcha de nuevas medidas urgentes y excepcionales para complementar las ya aprobadas, según informa el Ejecutivo, que se reunió ayer en sesión extraordinaria y por videoconferencia.
Con la finalidad de apoyar la continuidad de la actividad productiva y el empleo, se agilizará la tramitación de nuevos programas de ayudas y subvenciones para paliar, en la medida de lo posible, la difícil situación que atraviesan autónomos, pymes y empresas, e impulsar la recuperación de proyectos de I+D+i.
Para ello, y durante este ejercicio, la tramitación de las bases reguladoras de subvenciones y ayudas vinculadas al desarrollo económico y social podrán prescindir de trámites de presentación de sugerencias, consulta pública previa, audiencia e información pública, y de los informes de impacto de género, de diversidad de género y de impacto sobre el empleo.
Este mismo proceder se aplicará a las ayudas dirigidas de forma directa a paliar los efectos de la crisis y destinadas a empresas, autónomos, agentes económicos y sociales y entidades públicas que desarrollan actividades de I+D+i,
En todo caso, sí que será necesaria la emisión de los informes de la Abogacía General y de la Intervención General.
También se arbitran medidas excepcionales en la ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y, ante la imposibilidad de impartir actividades presenciales, se prioriza el trabajo a distancia.
La ejecución de contratos públicos dirigidos a programas formativos, de asesoramiento o consultoría, dirigidos a emprendedores, autónomos o empresas, podrá llevarse a cabo a distancia o mediante teleformación si así lo autoriza el responsable del contrato tras solicitud de la empresa contratista.
Otra medida pretende mantener un nivel adecuado de los servicios públicos de la Administración y dotar de los recursos humanos oportunos para hacer frente a las necesidades sanitarias de la crisis, especialmente en los centros sociosanitarios.
