La secretaria general de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, Aurora Venegas, dijo ayer que el presupuesto de este departamento para el 2017 es de 2.008,4 millones de euros, lo que supone un incremento de 9,3 millones para garantizar los servicios de calidad y el derecho a la vivienda digna. Al mismo tiempo, el PP criticó los «recortes». Así lo señalaron ambos antes de comparecer en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea, dentro de la ronda de intervenciones de altos cargos para explicar las cuentas del próximo año.
Según Venegas, el presupuesto de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales representa el 39% del total del de la Junta, con 6,5 euros de cada 10 destinados a políticas sociales. Defendió que en 2016 se inició la recuperación de los «derechos perdidos» en la anterior legislatura y que 2017 «será el año de la consolidación de estos derechos», informa Efe.
En política sanitaria el presupuesto crece un 0,3%, lo que supone 4,2 millones de euros al día para garantizar el derecho a la salud de los extremeños. En el capítulo del Servicio Extremeño de Salud (SES), con un presupuesto de 1.521 millones, el director general de Planificación Económica del SES, Federico Delgado, destacó los 26,9 millones destinados a infraestructuras sanitarias.
Además, según la Junta es notable es el aumento del presupuesto destinado al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), que incrementa su partida en 8,7 millones de euros con respecto al 2016, lo que supone la mayor subida porcentual de la consejería, un 3%. En el capítulo de las políticas sociales, se invierten cerca de 120 millones de euros y destaca el incremento del 3,1% para el programa de Atención a la infancia y a la familia o los 53,7 millones del Fondo de Garantía Social que, en aplicación de la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, garantizará los suministros mínimos vitales. En materia de vivienda, el presupuesto es de 37 millones de euros, donde destacan 7,9 millones para la rehabilitación y mantenimiento de las viviendas públicas, 2,3 para las ayudas al alquiler, algo más de 5 millones para el programa de rehabilitación energética de viviendas y 1,4 para el programa de intermediación bancaria.
Por su parte, el diputado popular José Ángel Sánchez Juliá ha defendido que esta consejería es «la de los recortes», ya que este año se presupuestaron 2014 millones y ahora se fijan 2008. A su jucio, estas cuentas son «insuficientes», ya que si se tienen en cuenta los créditos definitivos del área, hay un déficit de 224 millones.
En cuanto al SES, el diputado popular ha criticado que sus recursos pasen de 1.532 a 1.521 millones de euros, a lo que ha agregado que también hay menos dinero para los nuevos hospitales de Cáceres y de Don Benito-Villanueva de la Serena, que hay menos profesionales en la Atención Primaria y que se «congelan». Sánchez Juliá reiteró que presentarán enmiendas parciales para mejorar el proyecto de ley.
