El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, anunció ayer que la Junta va a exigir al Gobierno central la puesta en marcha de un plan especial para "mantener y mejorar" el potencial energético de Extremadura después de que el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobara un decreto que pone en riesgo las inversiones en la región al contemplar un recorte de 200 millones anuales en primas para las empresas ya instaladas. Esta nueva normativa fue estudiada ayer en el Consejo de Gobierno, donde también se analizó la política energética está llevando a cabo el ministro de Industria, José Manuel Soria. "La posición es clara: rechazo absoluto y resignación, ninguna", declaró Echávarri.

El consejero recordó que en esta legislatura la Junta ya ha presentado cinco recursos de inconstitucionalidad contra otros tantos decretos del Gobierno en materia de renovables --la norma aprobada el viernes desarrolla el Real Decreto Ley 2/2013, que es uno de los que se han llevado al Tribunal Constitucional por establecer el recorte de las primas con carácter retroactivo-- y frente a las críticas socialistas, señaló que el Ejecutivo seguirá trabajando "en la propuesta y no en la protesta". En ese sentido, anunció que se llevará al pleno de la Asamblea una iniciativa para pedir al ministerio la reforma consensuada del sistema eléctrico y un Plan General de Energías Renovables en Extremadura.

La propuesta, que fue registrada ayer por el Grupo Popular, incluye cinco puntos que se concretan en las siguierntes propuestas: el estudio del sector de las renovables para diseñar un mix energético "equilibrado, seguro y sostenible"; la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno regional y el Ministerio de Industria para desarrollar conjuntamente una Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para el periodo 2014/2020; incluir los nuevos proyectos de energía renovable sin primas en la planificación de la Red de Transporte de Energía; desarrollar una regulación favorable para el autoconsumo a partir de renovables e impulsar medidas para favorecer el desarrollo de instalaciones de producción de energía que utilicen como combustible la biomasa, donde la región generaría empleo y riqueza debido al componente social y de desarrollo rural de esta última.

Echávarri reconoció que el déficit tarifario, que llega a los 26.000 millones de euros, y la "burbuja" que se ha creado en el sector hacen necesario acometer una reforma, pero no como la plantea el Gobierno sino negociando con las comunidades autónomas y utilizando "el sentido común". Pero a pesar de las críticas, el consejero recordó que la situación actual ha sido causada por la falta de planificación de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Guillermo Fernández Vara, quien en 2011 dejó la Junta "solo con 15 megavatios instalados de biomasa y cero de energía eólica". "Fueron a lo fácil, a la termosolar, de gran rentabilidad, promovida por fondos de inversión", apuntó Echávarri, que destacó que pese "a los agoreros" y a las "zancadillas", las tres grandes plantas fotovoltaicas previstas en Usagre, Calzadilla de Los Barros y Talaván, de 500, 400 y 250 megavatios de potencia respectivamente, siguen adelante pese a no contar ya con ayudas estatales.