El Gobierno extremeño garantiza que la televisión autónomica no se va a privatizar en caso de que el PP gane las elecciones generales, por lo que Canal Extremadura seguirá siendo pública. Los populares han planteado en España la privatización "en todo o en parte" de las televisiones autonómicas, para lo que, si gobierna, creará el marco legal para que las comunidades autónomas que lo deseen puedan privatizar las televisiones autonómicas o cambiar el marco de gestión, pero sin imponer nada para no invadir competencias. Se trata de permitir que la gestión no cueste dinero a los ciudadanos. A preguntas de Efe, la Junta reitera que su apuesta en cuanto a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma) pasa por "la profesionalización, la transparencia, la veracidad y la imparcialidad en su gestión" y recuerda que así se recogió en el acuerdo de bases para el cambio suscrito con Izquierda Unida.

En este mismo sentido contestó ayer a este periódico el portavoz del PP en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, que considera que la televisión autonómica "no necesita de privatización", ya que "está dentro de los cánones que se le pide a una televisión autónomica en cuanto a austeridad". A su juicio, esa posible privatización se refiere más a "televisiones mastodónticas, con una filosofía estatal y que no externalizan ningún servicio, sino que son funcionarios", tales como "Canal Sur o Canal 9 en Valencia". No es el caso de Canal Extremadura, "que es pequeña, con un presupuesto contenido, con una deuda pequeña y un personal equilibrado, por lo que no es necesario", recalcó.

Ante esta posibilidad que abre el PP nacional, fuentes de los trabajadores del ente público extremeño no ocultan que hay cierta "inquietud" ante este asunto, pero consideran que "ese anuncio no nos afecta", ya que es una ley autonómica "y dependemos de la Asamblea y no del Gobierno de turno", reiteran.

UNA SEÑAL COMÚN

Por otro lado, la consultora Deloitte ha realizado un informe para la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) que propone que RTVE y las televisiones públicas autonómicas compartan una señal común, que todas ellas podrían usar de modo flexible mediante desconexiones.

Plantea además un canal con "una programación completa diaria creada entre las distintas televisiones autonómicas públicas que se adhieran a la señal común y RTVE", pero matiza que la transición a corto plazo sería progresiva.