La Junta de Extremadura ha confirmado que no modificará su sistema de contabilidad, pese a los requerimientos realizados en este sentido, un año más, por el Tribunal de Cuentas, que en su último informe desvela un déficit de 121 millones de euros en las cuentas de la administración autonómica al cierre del 2000 (el Ejecutivo regional sólo reconoce 63 millones de euros de desfase).

La Consejería de Hacienda y Presupuestos asegura que "la aparente situación deficitaria mostrada por el Tribunal de Cuentas" es fruto, exclusivamente, de la aplicación de unos criterios a la hora de calcular el resultado presupuestario que, a juicio de la Junta, son "no sólo contrarios a los principios contables públicos sino que, además, caso de ser acatados, sólo contribuyen a restar claridad y razonabilidad a los estados financieros".

Tras reconocer que la fiscalización que año tras año ejerce este tribunal "de contrastada profesionalidad e independencia" es "la mejor garantía" para los ciudadanos, el departamento autonómico de Hacienda defiende que la Junta está utilizando principios contables de obligado cumplimiento, según el Plan General de Contabilidad Pública. Según la valoración de la consejería, los datos no concuerdan debido a la diferente interpretación que el Gobierno extremeño y el Tribunal de Cuentas hacen del principio de devengo. La Junta argumenta que como gran parte de su financiación procede del Estado y de la UE, estos fondos se consideran como ingresos en su totalidad, independientemente de que hayan sido recaudados o no al finalizar el año.

En este sentido, se siente avalada por la normativa de contabilidad pública, que indica que "la imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos".

EXPLICACIONES La consejería argumenta que usar el criterio puramente de caja propuesto "implicaría que en un ejercicio cualquiera, a pesar de que el Gobierno autonómico hubiera incurrido de forma anticipada en ciertos gastos, y consiguientemente hubiese justificado con ellos la aplicación de unos fondos ya comprometidos, le resultaría imposible considerarlos entre sus fuentes de recursos y no podría reflejar, por tanto, a la hora de dar cuenta de su situación financiera, las cantidades que se le adeudan por el mero hecho de que aún no se ha producido su recaudación".

Asimismo, la Junta defiende que utilizará el procedimiento de subasta o de concurso para obras y servicios según el caso.