La Junta de Extremadura destacó ayer su "claro compromiso" por el Programa de Inclusión Social de las personas en situación de exclusión social y/o pobreza, partida que en los presupuestos para el 2016 contempla un incremento del 32,5% respecto a 2015 hasta alcanzar un total de 76 millones de euros.
Así lo especificó en rueda de prensa la secretaria general de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, Aurora Venegas, antes de comparecer en comisión parlamentaria para informar de las partidas de este departamento en los presupuestos de 2016.
En lo referido a la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia, Venegas indicó que las cuentas persiguen mejorar la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables, por lo que se dota al Fondo de Garantía Social de 53,7 millones de euros, casi "un 80% más que en 2015" y que se divide en tres partidas específicas.
En concreto, se destinan 48,4 millones de euros para la renta básica, 4,7 millones para garantizar los mínimos vitales y 600.000 euros para contingencias. Explicó que la dotación para la renta básica se acerca "al 0,3% del PIB extremeño" para lograr al final de la legislatura el compromiso del 0,5% alcanzado por el Gobierno socialista.
A la atención a la infancia y la familia se destinan 40,3 millones de euros; a los programas para la formación, inspección y calidad sanitaria, 4,8 millones de euros; y a la planificación y ordenación sanitaria, 3,7 millones, que incluye el Plan de Salud de Extremadura 2013-2020 y un futuro plan estratégico del SES. El otro gran eje de la política social de la Consejería es Vivienda, con un presupuesto de 46,8 millones de euros y que tiene un doble objetivo: garantizar y proteger el derecho a la vivienda, y reactivar el sector de la construcción. En concreto, se recoge una partida de 40,1 millones destinada a la promoción y ayudas para el acceso a la vivienda.
