El Gobierno regional subrayó la normalidad registrada tanto en el servicio del transporte de viajeros por carretera como en el procedimiento de adjudicación del mismo.

Para la Junta, lo importante es «asegurar que este transporte esté garantizado», y así ha sido, ya que la normalidad ha marcado la primera jornada del servicio prestado por Autocares Badajoz, que da cobertura al enlace entre las localidades de Oliva de la Frontera-Cáceres e Higuera de Llerena-Badajoz, con hijuelas (ramificaciones).

Aunque la empresa Líneas Extremeñas de Autobuses (LEDA) dejó de prestar servicio a 99 municipios, el procedimiento para adjudicar el servicio del transporte se ha realizado en «tiempo y forma» y con «normalidad» dentro del compromiso del Ejecutivo autonómico por asegurar las prestación del servicio.

Así lo aseguró la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, al ser preguntada por este proceso.

En este sentido, la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda apuntó que ha habido escasas incidencias técnicas, propias de un periodo de transición entre una empresa prestadora y otra distinta, las cuales están identificadas y han sido solventadas.

Además, desde la Administración regional se valora el que existe una mejor prestación de este servicio público, centrado en una mayor eficacia y eficiencia, siempre desde el respeto al cumplimento de los pliegos técnicos de contratación y a la mejora de esta prestación, fundamental para el medio rural.

Dentro de este procedimiento, de más de siete millones de euros y cuya licitación fue aprobada por el anterior Consejo de Gobierno el pasado octubre, ya se ha resuelto el primero de los lotes de líneas «con la normalidad con la que se resuelve un contrato administrativo».

La portavoz del Ejecutivo regional explicó que cuando un contrato de servicios vence, se saca a licitación uno nuevo a través de la Ley de Contratación. Un procedimiento que está al margen de las reclamaciones elevadas por LEDA en relación al periodo ya finalizado de su prestación del servicio. En este sentido, Gil Rosiña reiteró que la Administración autonómica no debe nada a la empresa pero también dijo que la compañía «tiene todo el derecho» a realizar estas reclamaciones, pues «existen instrumentos jurídicos para que cada uno defienda sus intereses».