El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) concederá 10.788.840 euros en subvenciones a entidades públicas y privadas sin fin de lucro para la prestación de servicios sociales especializados a personas con discapacidad durante este año, 837.614 euros más que en 2012.

De este modo, el Gobierno extremeño "hace un esfuerzo importantísimo para que la atención a la discapacidad no se vea afectada por la crisis económica y los recortes presupuestarios", dado que la atención a este colectivo es "prioritaria" para el Ejecutivo autonómico, según ha manifestado la directora gerente del Sepad, Cristina Herrera.

Estas subvenciones se destinarán a financiar servicios de atención temprana y habilitación funcional; el mantenimiento o creación de nuevas plazas en centros residenciales, viviendas tuteladas, centros ocupaciones y centros de día; y el desarrollo de programas que incidan en la normalización social y laboral de este colectivo.

Con esta convocatoria, de la que en 2012 se beneficiaron 33 entidades, se busca garantizar calidad de vida a las personas con discapacidad que residen en Extremadura, donde se estima que un 10 por ciento de la población sufre algún tipo de discapacidad.

En concreto, unas 83.000 personas con discapacidad están acreditadas por los Centros de Atención a la Discapacidad de Extremadura, pero se calcula que la población con discapacidad en la región se eleva a unas 110.000, un 10 por ciento del total.

Paralelamente a esta nueva convocatoria de ayudas, el Sepad ha introducido una serie de modificaciones en la norma que las regula -el Decreto 260/2012, de 28 de diciembre- con el fin de garantizar la calidad y profesionalidad en la atención que se presta a las personas con discapacidad a través de las entidades que recibirán las subvenciones, así como de evitar duplicidades.

De este modo, todos los servicios financiados con cargo a esta orden deberán contar con la debida autorización administrativa, que antes sólo se exigía a los servicios de atención temprana y habilitación funcional, dejando fuera a los centros ocupacionales, los centros de día, los centros residenciales y las viviendas tuteladas.

Se ha modificado también el coste máximo de las plazas a financiar para cada tipo de servicio y perfil de usuario, con un aumento que, en líneas generales, se cifra en el 2 por ciento y que, que en algún servicio, llega a ser incluso del 20 por ciento.

En concreto, la asignación para el servicio de atención temprana aumenta un 2 por ciento, así como la asignación por plaza en las residencias de apoyo limitado, en viviendas tuteladas y en las residencias de apoyo extenso. Este incremento se eleva al 20 por ciento en el caso de las plazas en residencias de apoyo extenso que atienden a personas con trastorno de autismo y personas con parálisis cerebral con un grado de discapacidad superior al 75 por ciento.

Asimismo, se han introducido modificaciones en las ayudas que se conceden para la ejecución de programas que incidan en la normalización de las personas con discapacidad y que promuevan su autonomía personal con el fin de garantizar su calidad técnica, que sean ejecutados por el personal adecuado y necesario y que la subvención concedida se destine al fin establecido.