El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de los servicios de limpieza en la áreas de salud de Cáceres, Badajoz y Llerena-Zafra por importe global de más de 27 millones de euros, que incorporan la llamada cláusula social, implantada por el Ejecutivo extremeño para todas sus licitaciones.

Así lo ha destacado hoy la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, que la incorporación de esta cláusula pretende garantizar tanto la calidad del servicio que se presta como las condiciones y derechos laborales de los trabajadores que lo realizan.

De este modo "se deja atrás", según ha dicho, un tiempo en el que el dinero que se ahorraba la Junta de Extremadura "lo acababan pagando los ciudadanos" a los que no se les daba un servicio de calidad, y los propios trabajadores "que veían mermadas sus condiciones laborales".

Para Gil Rosiña, este aspecto que se añade a las licitaciones y contrataciones desde que accedió el PSOE a la Junta de Extremadura, dota a estos trámites, en principio administrativos, de una gran importancia porque permite poner fin a los problemas de los trabajadores y del propio servicio muchas veces denunciados.

De la cantidad global, 9,6 millones de euros se destinan a la limpieza de los centros del Área de Salud de Cáceres, mientras que para la limpieza de los centros dependientes de las áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra, van 17,4 millones de euros.

Servicios sociales de base

Dentro de apartado de sanidad y Políticas Sociales, también se ha aprobado un convenio con varios para la prestación de servicios sociales de base, dotado con 78.050 euros.

En concreto, los convenios se firmarán con los ayuntamientos de Abertura, Alcollarín, Campo Lugar, Escurial, Madrigalejo, Palazuelo, Puebla de Alcollarín, Rena, Villar de Rena y Zorita.

De acuerdo con el convenio, se ofrecerá información, valoración y orientación a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las prestaciones necesarias, servicio que será realizado por profesionales titulados en Trabajo Social.

Isabel Gil Rosiña ha destacado que con esta firma, que es la última, se alcanzan los 77 convenios que se han suscrito en esta materia con municipios y mancomunidades, que ha permitido la contratación de 49 trabajadores sociales, lo que eleva de 235 a 284 los existentes.

En su opinión, de este modo se continúa trabajando para lograr alcanzar la ratio de un trabajador social por cada 3.000 habitantes.

Convenio para la recuperación de la memoria histórica en Extremadura

El Ejecutivo también ha autorizado la firma de un convenio con la Universidad de Extremadura y con las diputaciones de Cáceres y de Badajoz para continuar con la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y de la Dictadura en Extremadura por importe de 79.000 euros.

Dicho convenio tiene por objeto la cooperación económica, técnica y administrativa para la recuperación de la memoria histórica en Extremadura, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

Asimismo, se pretende facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante esa etapa, asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese período histórico depositados en archivos públicos.

Esta colaboración se viene prestando con el mismo objetivo, mediante convenios similares, en los últimos 13 años.

A preguntas de los medios, Gil Rosiña ha indicado que la Junta "no valora una acción similar" a la anunciada en su momento por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, de supeditar la concesión de ayudas a municipios al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.