Que ningún extremeño pase frío en casa. Fue la máxima que en el año 2015 motivó la aprobación de las ayudas para que las familias en situación complicada pudieran afrontar el pago de unos mínimos vitales de agua y luz. Un programa que en 2020 alcanzará su quinta edición y que contará con un presupuesto de 3,5 millones de euros. El Consejo de Gobierno aprobó ayer la autorización de la convocatoria, que va destinada a los ayuntamientos porque son quienes las conceden a través de los Servicios Sociales.

En 2018 fueron más de 14.000 extremeños los que se beneficiaron de este programa, mientras que este año han sido 12.000 las solicitudes contabilizadas hasta la fecha. En la mayoría de los casos (79,6%) para hacer frente al pago de varios suminstros y principalmente luz y agua. El resto de solicitantes acudien para pagar solo recibos de luz (16,7%), agua (2,82%) y en menor medida el suministro de gas (0,75%).

AYUNTAMIENTOS / Se entiende por mínimos vitales la electricidad, el agua y el gas natural o butano. Los ciudadanos recibirán estas ayudas siempre que cumplan los requisitos, siendo el fundamental carecer de ingresos suficientes (en el caso de una familia de cuatro miembros, una renta inferior a 777 euros). El importe a conceder a los municipios será el solicitado por cada entidad local, sin que pueda exceder de las cuantías máximas establecidas en función de los habitantes de cada localidad.

Según informó la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, por lo que respecta a los beneficiarios, las cuantías de las ayudas se mantienen respecto al año pasado: 700 euros anuales para una familia de dos miembros; 800 euros para tres y cuatro miembros, y 900 para hogares de más de cinco personas.

Cabe destacar que la autorización de la convocatoria de mínimos vitales se incluye en un paquete de medidas que ayer aprobó el Ejecutivo regional por un importe global de 12,4 millones de euros. Así, detalló Gil Rosiña, el Consejo de Gobierno autorizó la suscripción de los acuerdos de pórroga, para el año 2020, de los convenios de colaboración suscritos con 17 ayuntamientos para la prestación de servicios de atención social básica, por 2,8 millones; también una partida de 1,89 millones para el programa de prevención con familias y menores en riesgo social, y otra de 4,8 para atención a las familias para 2020 y 2021.