La directora gerente del Sepad, Cristina Herrera, denunció ayer en la Comisión de Salud y Política Social que al acceder al Gobierno, el PP se encontró con los psiquiátricos de Mérida y de Plasencia en una situación "deplorable" tanto por el estado de las instalaciones como por la ausencia de planificación y organización. Según Herrera, su departamento ha acometido "una batería de medidas encaminadas a la eficiencia en la gestión y la optimización de recursos", especialmente en Mérida, donde el psiquiátrico tenía un coste anual de 18 millones. Unas medidas que, ha destacado, han permitido reducir un 50% los gastos corrientes de mantenimiento del centro, al pasar estos de 1,3 millones en 2010 a 792.300 euros en 2012.

En respuesta, la diputada socialista Soledad Mateos ha señalado que "ni el pasado fue tan malo ni el presente es tan bueno", y ha instado a la directora del Sepad a que "deje ya lo de la herencia recibida", pues el actual Gobierno lleva elaborado tres presupuestos en los que se han materializado recortes en salud mental. Mateos ha insistido en que el psiquiátrico de Mérida es una "olla a presión" debido a la situación laboral que viven los trabajadores, con carencia de plantilla, y a los problemas que causan los pacientes derivados de la Justicia, con más de 25 incidentes en los últimos meses.