El Gobierno extremeño ejecutará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que anula el concurso por el que se adjudicaron 41 emisoras de radio de frecuencia modulada en la región en el año 2009 y obliga a puntuar de nuevo las 21 licencias solicitadas por Radio Interior, que no obtuvo ninguna concesión.
El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, resalta que "lo más cómodo hubiera sido recurrir en casación al Tribunal Supremo", pero "los argumentos que utiliza la sentencia son tan contundentes" que el Gobierno extremeño no puede menos que ejecutarla sin buscar ningún recurso.
El concurso para la concesión de licencias de emisoras de radio fue convocado en el año 2007 por la Junta de Extremadura, entonces presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara, y la sentencia "apunta de manera muy grave al mal comportamiento de la administración", según el consejero.
El titular de Administración Pública del Gobierno extremeño insiste en que la sentencia del TSJEx "es clara" y desde el punto de vista administrativo genera "una situación de cierta dificultad", pues supone la anulación de 21 de las 41 emisoras entonces adjudicadas.
Especifica que tras "una larga reunión" mantenida por el Gabinete de Presidencia con los Servicios Jurídicos de la Junta se ha decidido ejecutar la sentencia y, por tanto, no acudir al Tribunal Supremo para recurrir en casación.
Para Nevado-Batalla, los argumentos que el TSJEx utiliza en su fallo son "contundentes y no pueden ser soslayados por un Gobierno vinculado al principio de legalidad".
Explica que la sentencia, desde el punto de vista estrictamente técnico, acusa de manera "grave" a la administración entonces competente sobre todo de "afectar a los principios de seguridad jurídica" y de actuar de manera arbitraria.
Por tanto, el Gobierno actual "no quiere mantener en el tiempo una situación que, sin duda alguna, está abocada nuevamente a reiterar la nulidad de pleno derecho de esas 21 adjudicaciones y no quiere afectar tampoco, dilatando en el tiempo, lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva" de Radio Interior, que fue la empresa que interpuso el recurso con la adjudicación.
Recuerda que el Ejecutivo de José Antonio Monago desde "el minuto cero" empezó un proceso de regularización de todo el sector de radiodifusión y televisión en Extremadura, por lo que "muchas de las emisoras que ahora se declaran ilegales", al anularse su adjudicación, "han sido regularizadas en un trabajo ímprobo por parte del servicio correspondiente, que ahora queda absolutamente en nada".
Por ello, dice, "no ha sido sencillo tomar la decisión" de no recurrir la sentencia, por lo complicado de su ejecución, pero ha recalcado que "tiene que pesar ante todo la atención al interés general, la responsabilidad y el vínculo hacia el principio de legalidad".
