Revés a la Junta Electoral de Mérida y, de paso, al PP emeritense. La Junta Electoral Provincial de Badajoz ha desautorizado sin paños calientes el secuestro del número 206 del semanario Voz Emérita que aquella ordenó hace una semana tras una denuncia del PP. La Junta de Zona consideraba que se vulneraban los artículos 50.2 y 50.3 de la Ley Electoral, lo cual rechaza ahora la Provincial, habilitando, por tanto, que ese número vuelva a los quioscos, algo que sucederá a lo largo de esta semana. La resolución notificada ayer refleja que la Junta Local, "con más celo y rigor que acierto sacrifica el derecho fundamental de información sobre la base de algo que no está debidamente acreditado", y considera que, en caso de duda, "siempre ha de interpretarse a favor de la salvaguarda de un derecho fundamental de contenido constitucional, como es la libertad de prensa". Además, niega que el semanario sea municipal (en ese número de los doce anuncios, solo uno es del ayuntamiento) y que incumpla la Ley Electoral (argumentos de la denuncia), dado que en las informaciones sobre la inauguración de la Escuela de Hostelería y del colegio de la Zona Norte de Mérida "no se detectan fines electoralistas", sino que se limita a "informar sobre hechos muy recientes" con un "contenido objetivo y neutral". El Gobierno extremeño y la Asociación de la Prensa de Mérida celebran esta resolución. Mientras, el PP emeritense asegura que su partido "acepta y acata sin problemas la decisión".

La Junta Electoral Provincial argumenta que la publicación es privada y enmarca sus informaciones sobre inauguraciones publicadas "en uso del derecho de información". Asimismo, insiste en que el secuestro y retirada de una publicación "constituye una limitación y restricción del derecho fundamental recogido en el artículo 20 de la Constitución", y que para limitar este derecho debe haber actos "debidamente justificados y representar un interés superior", algo que en este caso "no se produce".

Ante esta resolución, Voz Emérita informó ayer que sus servicios jurídicos estudian la posibilidad de emprender acciones legales contra quien corresponda por el perjuicio causado a su imagen y en términos económicos. También considera "especialmente grave" la actuación de la Junta Electoral de Zona una vez que esta resolución demuestra que el secuestro de este semanario privado no tenía ningún fundamento jurídico.

REACCIONES Una vez conocida esta decisión, el portavoz del PP de Mérida, Miguel Valdés, señaló que su partido la "acepta y la acata sin problemas", al igual que hizo con la de la Junta Electoral de Zona, y reitera que en su momento presentaron la denuncia porque "entendíamos que se inculcaba la ley electoral".

También se ha pronunciado el Ejecutivo regional, que a través de su portavoz, Dolores Pallero, subraya que esta resolución "hace justicia" y con ella "se hace una digna defensa de la libertad de prensa y del ejercicio libre de la profesión". Mientras, la Asociación de la Prensa de Mérida valora que se reconozca que el periodista "se limita a informar asépticamente de unos hechos recientes, de suerte que la información tiene un contenido objetivo, neutral".

En este sentido, el alcalde de Mérida, Angel Calle, considera "un disparate" ese secuestro porque "se cercenaba la libertad de expresión" y se vinculaba al semanario con el ayuntamiento. Además, califica como "papelón" el que él mismo jugó al mandar que la policía local retirara los periódicos de la calle. Su opinión, insistió, es que "ese periódico no se secuestró por eso, sino por una cosa que aparecía en portada", en referencia, sin nombrarlo, a una información sobre las propiedades adquiridas por el exalcalde de Mérida Pedro Acedo durante los doce años de mandato.