Extremadura estrena una central telefónica para ayudar a las personas en riesgo de desahucio. El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, presentó ayer esta nueva forma de acceder al servicio de intermediación para la protección a las familias en riesgo de ejecución inmobiliaria de la comunidad acompañado por la secretaria general de Vivienda, Mª Isabel Moreno, y la gerente del Instituto de Consumo, Leonor Martínez.

Este servicio se estrenó hace dos meses con la puesta en marcha de cuatro oficinas de intermediación en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, pero en los próximos meses habrá otras 20 oficinas más repartidas por la comunidad. Para ello, la consejería firmará convenios con ayuntamientos y las diputaciones. Estas oficinas contarán con personal especializado en distintos áreas, como abogados y trabajadores sociales, y estarán coordinados con los servicios sociales de base.

Mientras crece el número de puntos de mediación, la consejería pone en marcha el teléfono 924090616 con el fin de asesorar y ayudar a las personas y familias que cuentan con una ejecución hipotecaria. El teléfono está disponible de lunes a viernes desde las 8.00 a las 15.00 horas. «Una vez recibida la llamada, los datos de la persona serán enviados a una de las cuatro oficinas de enlace que están en Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia, a la más cercana al domicilio de la persona que hace la llamada», explica Vergeles. El personal especializado de estas contactará con el usuario y le atenderá para ayudarle a intentar reconducir su situación, «con arreglo a la legislación vigente».

Además de la ayuda que se presta a través de las oficinas y desde ayer a través del nuevo servicio telefónico, hay en marcha una tercera vía de asesoramiento específico: la página web intermediacionvivienda.juntaex.es. Ya está operativa e irá sumando contenido progresivamente, ya que incluso contará con un formulario con el que se podrá solicitar ayuda.

Este servicio, por cualquiera de las tres vías de acceso, tiene como fin último la intermediación pero «también se encargará de la gestión del registro de demandantes de viviendas de promoción pública y de las viviendas pertenecientes a las bolsas de alquileres sociales o asequibles». En los dos meses que lleva en funcionamiento en la región, las cuatro oficinas abiertas hasta ahora han atendido a 124 familias en riesgo de desahucio: en 67 casos se ha logrado reestructura la deuda hipotecaria y en otros 38 se ha asesorado de los recursos para acceder a una vivienda digna.

Entre los seis primeros meses del año, los juzgados han tramitado 342 lanzamientosjudiciales en la comunidad, lo que supone 28 menos que en el mismo periodo del año pasado.