El Gobierno extremeño estudia el establecimiento de una serie de beneficios fiscales para las actividades empresariales favorecedoras de la inversión y del mantenimiento y la creación de empleo, según anuncia la directora general de Financiación Autonómica, Blanca Montero.

Montero comparece ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento extremeño para responder a una pregunta del diputado socialista Jorge Amado sobre si existe la previsión de supresión de algún impuesto.

Otra pregunta, formulada por el mismo parlamentario sobre las cifras del déficit adelantado por la Junta y su no coincidencia con el dato ofrecido por el Ministerio de Hacienda, ha sido pospuesta por el cese ayer del interventor general del Gobierno de Extremadura.

La directora general explica que las medidas fiscales para las empresas que estudia el Ejecutivo autonómico se establecerían por la vía de nuevos supuestos de exenciones, de reducción de la base imponible, de tipos de gravámenes reducidos, deducciones en las cuotas, devolución de las cuotas soportadas o "incluso de relajación de los requisitos exigidos para poder gozar de algunos de los beneficios actualmente vigentes".

Estas medidas, según Montero, afectarían tanto a los impuestos cedidos como propios para crear "un marco favorable para la creación y consolidación de las pequeñas y medianas empresas a través de la reducción progresiva de la fiscalidad autonómica y a través de la supresión de cargas administrativas".

Con respecto a las actuaciones concretas que se están analizando, la responsable de Financiación Autonómica del Gobierno extremeño explica que, en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se estudia "si es viable incluir alguna deducción en la cuota íntegra autonómica que por vía indirecta pueda incentivar la actividad económica".

Tras precisar que en este ámbito en Extremadura ya existen dos deducciones para el fomento del empleo por mujeres y por jóvenes emprendedores, Blanca Montero especifica que "hay que ser muy cuidadosos con no excederse en las competencias a la hora de establecer medidas que al final se declaren inconstitucionales", como ha ocurrido en Andalucía en las deducciones por autoempleo.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Deducciones, la Junta "explora nuevas opciones que permitan ampliar o bien la cuantía de las medidas o bien relajar los requisitos actualmente exigibles para tener derecho a su aplicación".

Con respecto al Impuesto de Transmisiones, según Montero, los beneficios que se estudian pasarían por la posibilidad de rebajar la carga fiscal asociada a la inversión en inmovilizado que se tiene que llevar a cabo como consecuencia del inicio o la ampliación de la actividad empresarial, al igual que ocurriría en el caso de los actos jurídicos documentados.

Además, en el impuesto sobre determinados medios de transporte, la Consejería de Economía y Hacienda analiza si se puede establecer un tratamiento más favorable para la adquisición de vehículos que se vayan a utilizar en el desarrollo de actividades económicas.

Sobre los impuestos propios, la directora general de Financiación Autonómica cita la posibilidad de alguna exención para las empresas en el impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos.

Con respecto al canon de saneamiento, la Junta trabaja, según Montero, en la articulación de la reducción de la cuota fija así como en la exención a favor de los contribuyentes que disfruten de la tarifa social del agua.

Finalmente, la directora general indica que "también se va a llevar a cabo un análisis en profundidad de las tasas para incorporar beneficios fiscales que ayuden a revitalizar el tejido productivo".

Por su parte, Jorge Amado acusa al Gobierno regional de "mentir" ya que en su programa electoral incluía la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones ,y del llamado céntimo sanitario, algo que no sólo no ha cumplido, sino que ha creado nuevos impuestos como el canon del agua, que ha considerado "devastador" para las familias extremeñas.