La Junta de Extremadura está estudiando la posibilidad de recurrir el nuevo Estatuto de Andalucía ante el Tribunal Constitucional. La causa es doble: La asunción por parte de la comunidad andaluza de competencias exclusivas en materia de investigación y difusión del flamenco; y de competencias sobre la gestión de la cuenca del Guadalquivir a su paso por esa región.
Como adelantó este diario, este documento prevé transferir a Andalucía "la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco". En el caso del Guadalquivir, la comunidad renuncia a asumir el conjunto de la cuenca --incluída la extremeña-- como decía inicialmente, pero asume la gestión de la parte andaluza.
El presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tachó ayer de "disparate" esas nuevas competencias incluídas en el texto aprobado el jueves en el Congreso de los Diputados. En este sentido, se preguntó qué ocurriría si en Extremadura se organizara un congreso "para estudiar y difundir el flamenco". Según el nuevo Estatuto andaluz, dijo, podría ser "que viniera la Guardia Civil a impedirlo".
La reacción a las palabras de Ibarra no se hizo esperar. El portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, señaló que todas las competencias recogidas en la futura norma se ejercerán bajo el principio de "territorialidad".
Mientras, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, advirtió al presidente extremeño que ese posible recurso de inconstitucionalidad "carece de sentido" teniendo en cuenta el consenso alcanzado en el Congreso de los Diputados. El diputado de la federación andaluza de izquierdas Antonio Romero destacó "impresionante grado de ignorancia de Ibarra" cuando plantea esos dos puntos.
