El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, señaló ayer que el Ejecutivo está analizando la situación de la empresa pública Gpex, una entidad que reconoce que hay que adelgazar debido a su "dimensión exagerada". Pidió "rigor, exactitud y responsabilidad" a la hora de hablar de su futuro pero el sábado él mismo desató la polémica tras afirmar en un diario regional que Gpex, que tiene en la actualidad 1.100 empleados debe someterse a una "dieta de adelgazamiento". De estos puestos de trabajo Nevado-Batalla reconoció que peligran 660, es el número de empleados que están trabajando para encomiendas de gestión que vencen el 31 de diciembre. Indicó que los responsables de la entidad que firmaron los contratos con la Junta conocían que eran "por otra y servicio" y que finalizaban a finales de año. Dejó claro que todo ese asunto está en estudio pero también subrayó que no se contratará aquello que no se pueda pagar. "Tan irresponsable es hacer crecer una organización indebidamente como acortarla sin hacer la correspondiente gestión y análisis", aseveró.
