El Gobierno de Extremadura ha puesto en marcha el proceso administrativo para la devolución a las arcas públicas de los al menos 3 millones de euros del presunto fraude "a gran escala" de los cursos de formación para ocupados de la convocatoria de 2011. Dicha facturación -bajo sospecha tras el análisis de una auditoría externa, según anunció el pasado jueves la consejera de Empleo, María Angeles Muñoz- fue realizada por la Creex, CCOO-Extremadura, UGT-Extremadura y Cepes-Extremadura, quienes han sido denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por sobrepasar presuntamente el fraude en más de 120.000 euros, mínimo fijado para constituir delito, según el artículo 308 del Código Penal.

La Intervención General, según anunció el gobierno extremeño al día siguiente, también investigará los ejercicios de ayudas para cursos de los años 2008, 2009 y 2010 al considerarlo "sospechosos". En esos tres años, se emplearon 30 millones de euros en formación para empleados.

El proceso administrativo iniciado ayer para recuperar las cantidades cobradas, en su caso, fraudulentamente, discurre de forma paralela al procedimiento judicial "y se llevará a cabo durante aproximadamente los próximos tres meses, a partir de los cuales se harán llegar las propuestas de reintegro de las cantidades percibidas irregularmente a los beneficiarios de las subvenciones", según anunció el Gobex en un comunicado.

El sistema en vigor de la formación de cursos desde el 2008 al 2012 (cuando pasó a tenerlos en exclusiva el gobierno regional porque así lo pidió tras detectar ya las preguntas irregularidades) dependían de la Fundación Tripartita. En este sentido, la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales advirtió ayer que en dichas convocatorias esta fundación (formada por sindicatos, patronal y administración) "sólo controlaba, como conocen bien los agentes sociales y es público, cuestiones como alumnos participantes o la realización de acciones formativas". Y añadió: "Simplemente prestaba apoyo técnico a la Comunidad Autónoma elaborando la correspondiente propuesta de liquidación, y lo hacía en base a la certificación y justificación de costes presentadas por cada beneficiario".

Para la consejería, esta fundación, en definitiva, "comprobaba que existiera una cuenta justificativa, pero no verificaba si los servicios o conceptos a los que se refiere habían tenido o no realmente el coste declarado, si resultaban o no estrictamente necesarios para la ejecución de cada acción formativa, ni tampoco si se ajustaban o no al valor de mercado". Por último, recuerda que dio traslado a las entidades en julio de 2014 de que se iba a abrir una investigación.