El Ejecutivo también autorizó ayer la convocatoria de subvenciones para el fomento de la natalidad, cuyo presupuesto se mantiene en 1,8 millones para 2017. Incluyen dos modalidades: una para los padres residentes en municipios de menos de 3.000 habitantes, que recibirán un pago único de 1.400 euros por hijo nacido, y otra para los residentes en municipios de más de 3.000 habitantes, con una ayuda de 500 euros por segundo hijo y 1.000 por el tercero y sucesivos. Los ingresos de la familia no pueden superar en tres veces el Iprem.
Un paso al frente en el «compromiso con los más vulnerables». El Consejo de Gobierno aprobó ayer el nuevo decreto que regula las ayudas para el pago de los suministros básicos del hogar, conocidas como ‘mínimos vitales’, que de cara al próximo año se amplían al gas y cambian las limitaciones al consumo por una subvención de 600, 700 u 800 euros en función de los miembros de la familia. Según explicó el consejero de Sanidad y Política Social, José María Vergeles, la convocatoria de 2017 cuenta con un presupuesto inicial de 4,5 millones que se ampliará si el número de solicitudes lo requiere.
«Con la aprobación de este decreto se materializa nuestro compromiso con las personas más vulnerables», destacó Vergeles, que recordó que más de 15.000 extremeños tienen en estos momentos dificultades para hacer frente a sus gastos de consumo energético. Las ayudas se tramitarán a través de los servicios sociales de los ayuntamientos y se tendrá en cuenta la situación y los ingresos de cada familia.
Con los cambios introducidos en la normativa las subvenciones llegarán no solo a la factura del agua y la electricidad, sino también al gas (como había pedido la Asamblea a raíz de una propuesta de Podemos) y se eliminan las limitaciones al consumo, fijadas el año pasado en 100 litros de agua potable al día por persona y 6 kilovatios/hora de energía eléctrica. En su defecto, se fijan unas cuantías máximas para las subvenciones en función de las personas que convivan en el hogar: 600 euros anuales para familias de dos miembros, 700 para las de tres y cuatro y 800 para las de cinco o más personas.
Otra de las novedades de este año es que serán los propios consistorios quienes abonen el importe de la factura a las empresas suministradoras (excepto el gas, que se realizará a través de pago directo al usuario), con quienes según Vergeles se firmarán convenios «próximamente». El objetivo, explicó el consejero, es simplificar la tramitación de las subvenciones y también prevenir posibles cortes de suministro por impagos, así como fomentar el uso de otras medidas como el bono social eléctrico. Además, en esta ocasión se subvenciona el importe total de la factura, no solo la cuantía relativa al consumo como ocurría el año pasado.
DESAHUCIOS / Por otra parte, también en el ámbito de la Consejería de Sanidad y Política Social, el Consejo de Gobierno autorizó ayer la firma de sendos convenios con las diputaciones de Cáceres y Badajoz y los Colegios Oficiales de Abogados para extender la red de oficinas de intermediación contra los desahucios a 20 municipios de la región. Estas oficinas, que ya funcionan en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia (son los puntos centrales que coordinan la red), prestan atención a las familias en riesgo de ejecución hipotecaria o aquellas que tienen dificultades para pagar la hipoteca y necesitan renegociar su deuda con el banco.
Las dependencias contarán con un abogado o licenciado en derecho, un trabajador social y personal administrativo. Cuando el usuario establezca la consulta a través del servicio telefónico que la Junta ha puesto en marcha contra los desahucios (924 090 616, disponible de lunes a viernes de 8 a 15 horas), este se derivará a la oficina más próxima con el fin de que reciba una atención más directa y personalizada.
