A lo largo de esta legislatura la Junta ha recuperado algo más de 200 viviendas sociales que habían sido ocupadas ilegalmente, y ya existe un acuerdo con otro centenar de familias para que abandonen los pisos en los que viven sin permiso. Esta medida se encuadra en el Programa para la convivencia y renovación de barrios , un plan que, entre otras cosas, permitirá formar a los parados de barrios marginales y posteriormente contratarles para los trabajos de mejora que se van a acometer en estas zonas.

En este sentido, la inserción sociolaboral se realizará a través de un convenio con el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe). Para ello se pondrán en marcha talleres y módulos formativos en especialidades necesarias para la reforma de estos barrios (jardinería, albañilería, fontanería...). Posteriormente la propia Junta contratará a los participantes en los talleres para el arreglo de estas zonas.

El presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, Javier Corominas, explicó ayer, durante su comparecencia ante la Comisión de Vivienda del Parlamento regional, que el primer objetivo en la recuperación de las barriadas marginales pasa por "la restitución de la legalidad".

CAMBIO DE ACTITUD De esta forma, Corominas explicó que a lo largo de esta legislatura (los últimos tres años y medio) se ha conseguido actuar en este ámbito debido, entre otras cosas, al "cambio de actitud" tanto de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura --por el cambio de fiscal-- como de la Delegación del Gobierno --tras las elecciones nacionales--. Sin embargo, lamentó que ese mismo cambio no se haya producido en los ayuntamientos, porque esto hace "que falte la cuarta pata de la mesa".

En este periodo la Junta ha actuado en los barrios de La Data (Plasencia), Aldea Moret (Cáceres), La Paz (Mérida) y Los Colorines (Badajoz). Hasta la fecha ha recuperado 211 viviendas, 67 de ellas a través de desahucios y el resto por entrega voluntaria, una modalidad en aumento debido a que permite a las familias solicitar legalmente la concesión de otra vivienda social.

Al mismo tiempo se ha llegado a un acuerdo con otras 102 familias para la futura entrega de la vivienda. Estos casos son más especiales , relató Javier Corominas, y se trata de reducir al máximo el tiempo de espera entre la recuperación de la vivienda y la concesión de un nuevo inmueble.

Pero el Programa para la convivencia y renovación de barrios quiere llegar aún más lejos. Dos de las medidas prioritarias tienen como finalidad mejorar la inserción sociolaboral y reducir la conflictividad. Sobre este último aspecto, el presidente de la Agencia de la Vivienda afirmó que este organismo tiene informes muy detallados sobre las actividades que se llevan a cabo en estas casas, por lo que se pretende que aquellos vecinos con delitos contra la salud pública --es decir, de tráfico de drogas-- no accedan a estos pisos

Por último, se potenciará la apertura de locales comerciales en estos barrios y se actuará contra el absentismo escolar.