La Junta de Extremadura y el Gobierno central acordaron ayer la retirada de siete de los recursos que tenían interpuestos ambas administraciones ante el Tribunal Constitucional. Según el vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio Sánchez Amor, --que se reunió con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla-- esta mejora de las relaciones responde más a una "política de Estado" que a la "sintonía ideológica".

En concreto, el Gobierno retira el recurso contra la ley de comercio de Extremadura y contra dos impuestos autonómicos, como son el que grava la producción y transporte de energía y el impuesto sobre suelo sin edificar y edificaciones ruinosas (que tenía dos recursos). A cambio, la Junta y el Gobierno han consensuado las modificaciones que deben hacerse en estos tributos y que se aplicarán en el 2006.

Por su parte, la comunidad desiste de la batalla judicial contra los decretos ley de liberalización del sector inmobiliario y de transportes; de intensificación de la competencia en mercados y bienes y servicios; y de reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (el decretazo ).

Esto supone que la conflictividad ante el Constitucional entre Junta y Estado se reduce un 39%, puesto que los asuntos pendientes de resolución han pasado de 18 a 11. De estas impugnaciones vivas , 4 corresponden al Gobierno y 7 a la comunidad.

Sin embargo, se mantienen algunos de los recursos más polémicos. Así, el Gobierno continúa con sus denuncias contra el impuesto a la banca, la ley de calidad del suministro eléctrico o las normas regionales del suelo y de la autopromoción de viviendas. Asimismo, la región mantiene las impugnaciones sobre cuestiones como las explotaciones porcinas, la liberalización del sector ferroviario o la transferencia de derechos de viñedo.

Ambas partes se comprometieron a fomentar la "lealtad institucional", para lo que tratarán de adoptar acuerdos en la Comisión Bilateral Estado-Extremadura "que eviten, en su caso, la futura interposición de recursos de inconstitucionalidad".