El Gobierno de Extremadura ha entregado este año viviendas de promoción pública a 31 familias de la comunidad que han perdido su hogar por no poder afrontar el pago de la hipoteca al banco.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, junto al director general de Arquitectura y Vivienda, Manuel Lozano, ha sido los encargados de entregar las llaves de las viviendas en Mérida a las últimas siete familias beneficiarias de este programa del Ejecutivo regional.

Los receptores son parados con bajos ingresos y la adjudicación se ha producido de forma directa, al encontrarse en situación de urgente y extrema necesidad.

El Gobierno extremeño ha destacado que este proceso de adjudicación culmina tras un "riguroso" expediente que incorpora un análisis de los servicios sociales de la Consejería y una resolución favorable de la Comisión Técnica de Intervención Social.

Del Moral ha afirmado que de este modo la Administración autonómica "continúa dando respuesta" a las familias con bajos recursos a través de medidas "eficaces y ajustadas a derecho" y ha avanzado que su departamento velará por que las viviendas sociales estén en manos de quienes las necesitan.

La Administración regional ha recordado que se ha modificado el procedimiento que regula la adjudicación de viviendas públicas y se ha introducido un nuevo criterio que constituye la base para la concesión de viviendas por extrema y urgente necesidad.

De este modo, la nueva norma determina que se procederá a la adjudicación directa en los supuestos en los que se acredite por parte de la unidad familiar la perdida de la vivienda, tras una orden judicial de desahucio, por la imposibilidad del pago de las cuotas hipotecarias.

Además, ha señalado que la entrega de viviendas a desahuciados hipotecarios también ha sido posible gracias a la inspección del parque de 14.270 viviendas públicas que la Consejería de Fomento está a punto de finalizar, cuyo objetivo es detectar disfuncionalidades en su uso para recuperarlas y readjudicarlas a ciudadanos que las necesitan.

Hasta la fecha se ha detectado que un 10 por ciento de ellas no están ocupadas, lo están de forma ilegal o acogen actividades "antisociales".

El Ejecutivo extremeño ha recuperado desde finales de 2011 más de 200 viviendas públicas a las que sus adjudicatarios iniciales no estaban dando un uso legal, todas ellas han sido readjudicadas de forma directa a personas en situación de urgente y extrema necesidad.