Cerco a los robos en el campo. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto sobre la trazabilidad de la uva y la aceituna, una «importante y esperada» normativa con la que se pretenden intensificar los controles para poner coto a los hurtos en el campo. El texto obliga a los agricultores a identificar las producciones de uva y aceituna para su transporte a las almazaras, cooperativas, puestos o puntos de venta privados con un documento que antes era voluntario y que debe incluir información acerca del origen y el destino final del producto.

El texto se ceñirá a las cosechas de uva y aceituna sin transformar (en un principio iba a afectar a todos los cultivos) siempre que superen los 25 kilos, pues por debajo de esta cifra se considerará que van destinadas al autoconsumo. El documento que se exige debe reflejar el nombre del titular de la explotación, la procedencia del producto, la variedad y peso estimado, una autorización de recolección y los datos relativos al vehículo y la fecha de transporte. Todos los agriculotres que vayan a transportar sus cosechas de uva y aceituna sin transformar desde su explotación a almazaras, cooperativas o puestos de venta privados deberán contar con esta información, bajo sanciones que pueden oscilar entre los 5.000 y 600.000 euros.

Tras recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno, el decreto solo tiene que ser publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) para entrar en vigor, de forma que podrá aplicarse ya en esta camapaña. «El Gobierno no ha mirado para otro lado, desde el minuto uno ha mantenido contactos con los diferentes sectores implicados para abordar un asunto como el de los robos en el campo», destacó la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.

A los dos años de la entrada en vigor del decreto, se elevará al Consejo de Gobierno una memoria conjunta para evaluar su aplicación y, en función de los resultados obtenidos, se procederá a corregir o mejorar la regulación o extenderla a otros productos agrícolas que lo requieran.

La normativa ha sido muy demandada por las organizaciones agrarias, que ahora piden la máxima premura para que pueda aplicarse cuanto antes (la pasada campaña se saldó con más de 500.000 kilos de aceituna robados y este año, solo en una operación en Almendralejo se han incautado otros 500). Desde Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri destaca «la voluntad de la Junta de crear una buena herramienta» que permita paliar, en la medida de lo posible («nunca podrán erradicarse al cien por cien», dice), los robos en el campo. A la espera de conocer el texto definitivo con su publicación en el DOE, destacan «el máximo endurecimiento del código sancionador» y las modificaciones que se han introducido en el aspecto burocrático para «hacer más fácil la vida al agricultor». Eso sí, apelan a la coordinación de todas las administraciones implicadas: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Consejería de Sanidad y cuerpos de seguridad para que los controles funcionen. En la misma línea, desde Coag recuerdan que el sector lleva «años» esperando este decreto y su responsable en la región, Juan Moreno, aplaude que «al fin alguien haya cogido el toro por los cuernos». UPA-UCE, por su parte, prefiere esperar a que esté publicado el texto definitivo para pronunciarse.