Una política efectiva en materia de vivienda". Es el objetivo que persigue el Observatorio de la Vivienda, órgano que la Junta va a poner en marcha en esta legislatura para obtener información "fiable y permanentemente actualizada" de la situación en la que se encuentra el parque residencial extremeño con el fin último de recuperar viviendas públicas o privadas que puedan ponerse a disposición de las familias que más lo necesitan. Está por tanto, estrechamente relacionado con la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, en la que se reconoce la función social de la vivienda y se fijan sanciones de hasta 150.000 euros para los pisos y casas deshabitadas. "En lo que va de legislatura se han registrado 669 solicitudes de vivienda social, lo que nos obliga a ponernos las pilas", indicó ayer al respecto el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.

El Observatorio de la Vivienda permitirá conocer el número exacto de casas públicas o privadas que están habitadas, vacías, en alquiler e incluso ocupadas ilegalmente y en situación de hacinamiento o infravivienda. Contar con esta información permitirá, por ejemplo, recuperar las viviendas sociales cuyos inquilinos no las están dando un uso adecuado o que a pesar de contar con un titular no están habitadas; saber en cuáles es necesario una reforma para hacerlas habitables y también determinar el número de pisos privados que podrían formar parte de la bolsa de alquileres asequibles que la Junta pretende poner en marcha para las familias con ingresos inferiores a 1.800 euros.

El Consejo de Gobierno autorizó ayer a la empresa pública Gisvesa el encargo para la ejecución del programa de desarrollo del Observatorio por importe de 400.000 euros. Cuatro titulados superiores, dos titulados medios y 10 auxiliares administrativos de esta empresa se encargarán de recopilar toda la información y realizar el trabajo de campo, similar al de un censo. Según Vergeles, se empezará por las ciudades más grandes y después los trabajos se extenderán al resto de municipios de la región. El encargo que desempeñará Gisvesa consiste en diagnosticar y analizar estadísticamente los factores socioeconómicos que influyen en los sectores de la construcción e inmobiliario. La información se aportará a la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, de la que formará parte el Observatorio de la Vivienda.

LIBROS DE TEXTO En otro orden de cosas, cabe destacar que el Consejo de Gobierno también aprobó ayer la convocatoria de ayudas para la dotación de libros de texto a los centros concertados de primaria, secundaria y educación especial para el próximo curso escolar con un presupuesto de 949.612 euros. Según la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, estas ayudas beneficiarán a un total de 74 centros concertados y más de 9.000 alumnos. Sumando estas becas a las que ya se aprobaron hace unas semanas para los centros públicos, el montante total destinado a ayudas de libros de texto alcanzará los siete millones de euros, cifra que Gil Rosiña contrastó con los 3,8 millones que según dijo se han invertido en este curso, el último del gobierno del PP.

Por otra parte, también en el área de Educación y Empleo, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la modificación del decreto que regula las ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y escolarizado en centros públicos y concertados. Estas ayudas tienen tres modalidades (atención logopédica, apoyo educativo domiciliario al alumnado convaleciente y psicoterapia) y lo que se pretende con esta modificación es, por una parte, agilizar la gestión de manera que se puedan convocar indistintamente cualquiera de las tres modalidades y, por otra, favorecer a las familias permitiendo adelantar el pago de estos servicios. El año pasado hubo 452 solicitudes.