La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales ha logrado vender en los últimos dos años más de 700 viviendas sociales gracias a los mecanismos habilitados para que las familias residentes puedan adquirir las casas en propiedad, operaciones que le han valido para ingresar en las arcas públicas unos 25 millones de euros. El pago fraccionado en diez cuotas sin intereses y la firma de convenios con entidades financieras para conceder hipotecas con condiciones ventajosas son algunas de las opciones que se ofrecen a los inquilinos para llevar a cabo la venta. En estos momentos, la Junta aún dispone de más de 7.000 viviendas con un precio medio de 33.400 que los actuales adjudicatarios pueden comprar.

El parque público de la región está compuesto por unos 13.000 inmuebles y según los datos de un estudio elaborado por el Observatorio de la Vivienda en 2016, el 64% de los inquilinos compraría la casa en la que reside si tuviera facilidades para ello. Desde esa fecha, han sido 760 las familias que han adquirido la casa en la que vivían en alquiler, de forma que el Ejecutivo aún tiene potencial para enajenar unas 7.500 viviendas sociales más.

No obstante, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales (tiene atribuidas las competencias de Vivienda) recuerda que «todas» las viviendas que conforman el parque público de la región pueden ser adquiridas por sus adjudicatarios siempre que cumplan los requisitos: ser el adjudicatario legal, tener al menos tres años de antigüedad y estar al corriente de pago de las cuotas de alquiler. El objetivo es llegar a vender el máximo posible, ya que para el Ejecutivo resulta más rentable construir nuevas casas que hacerse cargo del mantenimiento de las que ya existen.

A todo ello se suman además otros dos factores clave: la Administración entiende que la fórmula de la compra otorga una responsabilidad a los propietarios para con la conservación y mantenimiento de la vivienda, lo que contribuye a «dignificar» los barrios donde se ubican, generalmente en riesgo de exclusión. Por otra parte, los ingresos que se obtienen por estas operaciones se reinvierten en políticas sociales. Teniendo en cuenta el precio medio de las viviendas, con las 760 que se han vendido desde 2016, la Junta ha obtenido más de 25 millones de euros.

CRÉDITOS / Los inquilinos de las viviendas sociales las pueden adquirir cuando llevan más de tres años residiendo en ellas. A la hora de comprar, la Junta permite el pago al contado (ellos pueden recurrir a su entidad bancaria y contratar una hipoteca por su cuenta) o el pago fraccionado en hasta diez años sin intereses si el valor de la vivienda es inferior a 25.000 euros. Para flexibilizar aún más estas condiciones, en los últimos años se han firmado convenios con Caixa Bank (diciembre de 2016), BBVA (julio de 2017) y Banco Santander (febrero de 2018), que conceden hipotecas «blandas» con plazos de hasta 25 años.

Pero a pesar de ello, lo cierto es que las familias prefieren el trato directo con la Junta: según los datos facilitados por el departamento que dirige José María Vergeles, a día de hoy solo tres de las 760 viviendas enajenadas en los últimos dos años se han vendido ajustándose a los créditos que ofrecen estas entidades bancarias: una con hipoteca otorgada por BBVA en la localidad pacense de Valdehornillo y dos con préstamos de Caixa Bank en Mérida.

El resto de viviendas se han vendido conforme a la modalidad de pago aplazado que ofrece la Junta de Extremadura o al contado.