Extremadura continúa en pie de guerra contra el Ministerio de Hacienda. La consejera del ramo, Pilar Blanco-Morales, instará a las comunidades autónomas a fijar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra hoy en Madrid una posición común para hacer frente a la decisión "injusta y arbitraria" del Gobierno central respecto al reparto de los objetivos de déficit. Blanco-Morales compareció a petición propia en el pleno de la Asamblea para informar de las consecuencias que tendrá la retención de fondos que aplicará el ministerio a la región por incumplir los plazos de pago a proveedores, medida que según indicó atenta contra el principio de autonomía y "penaliza gravemente" a la hacienda extremeña. Ante el inicio de estas medidas coercitivas, todos los grupos de la oposición hicieron visible su apoyo a la Junta, pero al mismo tiempo exigieron que comience a ejecutar ya el presupuesto para activar de forma urgente las inversiones previstas en infraestructuras y municipios.
El CPFF de hoy será la tercera cita entre los representantes de la Junta y el ministerio después de anunciarse el embargo de los fondos del sistema de financiación a Extremadura. En la reunión, Blanco-Morales instará a las comunidades a fijar una posición común contra los criterios de reparto de déficit establecidos por el Gobierno, pues considera "inexcusable" que sean "más equilibrados y acorde con las necesidades de los servicios públicos esenciales". Además, pondrá de manifiesto la necesidad de negociar un nuevo plan de estabilidad con la UE y exigirá que no se utilicen mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para imponer más recortes.
MAS RECURSOS Tras recordar que las regiones han reducido su déficit un 3,46% frente al 0,58% que lo ha hecho el Estado, Blanco-Morales explicó que la situación financiera de las autonomías está motivada por una "insuficiencia global de recursos" que tiene su origen en la sanidad, por lo que a su juicio retener los ingresos no hará más que agravar el problema. Así, aboga por abordar el desequilibrio de las cuentas públicas "como una cuestión de Estado, sin buscar culpables y sin enfrentar a unas administraciones con otras" y confió en que en el CPFF de hoy se pueda alcanzar un acuerdo "favorable para todos".
En relación a la retención de fondos por incumplir el pago a proveedores, consideró que se trata de "una confrontación innecesaria", pues insistió en que las medidas incluidas en el presupuesto y el plan de ajuste ya presentado son los compromisos de la región con la sostenibilidad financiera. "No se nos puede exigir que ajustemos lo que ya hemos ajustado", indicó Blanco-Morales, que acusó al Gobierno de "optar por la vía más rápida, improcedente e injusta para Extremadura apremiado por dar una respuesta a la UE y consciente de sus propios incumplimientos". En el pleno de ayer todos los grupos de la oposición mostraron su apoyo a la Junta ante el aviso de embargo y aunque este puede lastrar la ejecución del presupuesto, tanto el PSOE como Ciudadanos apoyaron una propuesta de impulso del PP (Podemos, que votó en contra de las cuentas, se abstuvo) para que el Ejecutivo active ya las inversiones previstas en infraestructuras y municipios.
El diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón reconoció que la respuesta del departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro ha sido "desproporcionada y extemporánea" porque Extremadura no tiene peso suficiente para provocar "un gran agujero" en las cuentas públicas del país y porque estos mecanismos de correción no se ejecutaron cuando la región cumplía y otras no. Así, el popular brindó el apoyo de su grupo para solucionar el problema pero "sin buscar culpables", pues a su juicio esta situación
no se hubiera evitado aprobando el presupuesto en diciembre o recurriendo al FLA en 2013, cuando las condiciones de financiación eran peores. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, consideró "infumable" la carta del ministerio tanto en el fondo como en las formas y tras reiterar su petición de que el embargo no sirva como excusa para subir los impuestos a los extremeños, se posicionó de lado de la Junta, pues "no se puede permitir que se le exija a unos más que a otros".
Más crítico se mostró el portavoz de Podemos, Alvaro Jaén, que si bien destacó el apoyo de su formación "para todo lo que tiene que ver con las medidas coercitivas", pidió a la Junta "que deje de mentir y engañar a la gente". Para Jaén, la comparecencia de la consejera ha venido a de demostrar las tesis que defendía su formación en cuanto a los recortes del presupuesto --se reduce un 3,1% respecto al de 2015, más de 170 millones de euros-- y el aumento del 12% en la partida de sanidad, "que no iba para mejorarla, sino para pagar la deuda a los proveedores". Tras acusar a PP y PSOE de no asumir sus responsabilidades, Jaén definió como "sangrante" la situación social y financiera de la región y dijo que el problema parte de una "ley perversa", la de estabilidad, "que atenta contra la autonomía de las comunidades".
Al margen del pleno, sobre este asunto también se pronunció el secretario general de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura (Creex), Javier Peinado, que confió en que la Junta y el Gobierno puedan alcanzar un acuerdo para que se cumplan los plazos de pago a proveedores sin que se retengan fondos a Extremadura y sin poner en riesgo la ejecución del presupuesto. Peinado puso de manifiesto los "problemas" a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas extremeñas a consecuencia del impago por parte de la Junta, entre ellos la falta de liquidez.
