La Junta ha mencionado que sus medidas para garantizar el transporte público de viajeros por carretera pasan por solventar, mediante un decreto de ayudas, los déficit de explotación de todas las líneas regulares y la nueva licitación de todas la líneas regulares para que entren en vigor el 1 de enero de 2019.
Ello con la "compensación económica" que les corresponda a las empresas que cumplan los requisitos: la prestación real del servicio y tener déficit de explotación, según ha explicado en comisión parlamentaria el director general de Transporte, José González Rubio, a una pregunta del PP sobre este asunto.
González Rubio, quien ha reconocido que el sector se encuentra en "una situación verdaderamente precaria", ha precisado que esto se mantendrá "hasta que finiquite el procedimiento de la reestructuración", que tiene una "dificultad añadida" al estar "todos los pueblos comunicados por transporte público".
Ha insistido en que esta reestructuración" se está llevando a cabo aunque se demorará "unos meses más" de los previstos porque la nueva Ley de Contratos ha obligado "a rehacer todos los pliegos".
Según el director general de Transportes, se ha tratado de evitar el déficit de explotación de las líneas regulares del servicio publico del transporte -derivado de la disminución de viajeros- con "apoyo económico" y desde 2015 todas las empresas que presentaban "riesgo inminente" de dejar de prestar el servicio "han sido objeto de intervención" por parte de la Junta.
Así, se han adoptado medidas de emergencia, con su correspondiente amparo legal, mediante la implantación de la Obligación de Servicio Público (OSP) y, por otro lado, la adjudicación directa de los contratos, lo que les ha permitido "seguir adelante son sus trabajos y tener al día sus obligaciones".
Pero como las OSP tienen un plazo de dos años como máximo y de cara a las empresas que han terminado este período, se está tramitando un decreto de ayudas por el cual "tendrán derecho a una ayuda de 500.000 euros máximo en tres ejercicios fiscales que es lo que permite precisamente la UE en estos casos".
De este modo, ha precisado, el 2018 "lo tendrán resuelto", pues las ayudas tienen carácter retroactivo, a efectos de 1 de enero, por lo que la fecha de aprobación del decreto "no implicara un menoscabo" en las cantidades que le correspondan.
Respecto a 2019, y dado que la reestructuración "no está finiquitada antes del 1 de enero de 2019", la medida que se adopta es licitar las líneas que existen actualmente de nuevo para que entren en funcionamiento el 1 de enero como nuevas adjudicaciones.
Algo que, ha matizado, se hará "por el tiempo que dure terminar la reestructuración y por supuesto con las ayudas económicas que permite la UE".
Por su parte, el diputado del PP Víctor del Moral ha lamentado que el sector lleva ya "un tiempo largo" soportando "una situación de fuerte marejada" a base de "cambios de idea y promesas incumplidas", con lo que la situación, en vez de volver a "la deseada calma, amenaza con transformarse en mar gruesa".
Del Moral ha criticado la falta de "soluciones viables y duraderas" por parte de la Junta para el sector del transporte de viajeros por carretera, que permita "un servicio eficiente y de calidad", en lugar de "parches" e "improvisaciones".
Ha preguntado por las razones de que aún no se haya culminado el estudio de la reestructuración del transporte y por qué no están ya en licitación e incluso en fase de adjudicación las nuevas concesiones que deberían comenzar a partir del 1 de enero de 2019.
"Estamos a punto de tirar a la basura casi 400.000 euros de todos los extremeños", ha asegurado Del Moral en relación al estudio, y ha señalado que no cree que "el nuevo mapa concesional esté listo el 1 de enero del próximo año".
