Era una vieja reivindicación de los municipios y parece que al fin se está cumpliendo. La Junta de Extremadura ha liquidado ya el 80% de la deuda que tenía pendiente con los ayuntamientos por los atrasos en el pago del IBI correspondiente a las viviendas públicas que tiene repartidas por toda la geografía regional. En el año 2017 se fijó un calendario de pago a cinco años con las diputaciones provinciales para hacer frente a los recibos atrasados desde el 2012 y hasta la fecha se han abonado 9,3 millones de euros de los 11,4 pendientes. El Ejecutivo tiene de plazo hasta el 2021 para saldar estas cantidades, pero se comprometió a hacerlo antes «si la disponibilidad presupuestaria lo permite» y parece que al menos en Vivienda, así será.
La Junta de Extremadura es un contribuyente más sujeto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero hasta el año 2017 (cuando se comprometió a ponerse al día) sus pagos no se efectuaban con toda la diligiencia que a los ayuntamientos les hubiera gustado. Tanto es así que solo los cuatro principales reclamaban en 2016 el pago de 12 millones de euros en recibos atrasados, algunos de hacía más de 20 años. La capital pacense cifró su deuda en siete millones de euros; Cáceres reclamaba 3,8 millones y Mérida y Plasencia cerca de medio millón cada una. La capital del Jerte optó incluso por saldar la deuda detrayendo del pago del canon del agua la parte que el Ejecutivo le adeudaba por el impuesto ligado a los edificios que posee en la ciudad y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) le dio finalmente la razón.
En este contexto, los presidentes de las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, Rosario Cordero y Miguel Ángel Gallardo, se reunieron con el jefe del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara para exigir una solución. La Junta se comprometió entonces a pagar los nuevos recibos que se fueran generando en tiempo y forma; cuantificar y reconocer la deuda pendiente y establecer un calendario de pago a cinco años. Así, en septiembre de 2017 se firmó el Protocolo General de Actuación entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y los Organismos Autónomos de Recaudación (OAR) de Badajoz y Cáceres, por los que se fijó el marco general y la metodología para el abono de las deudas tributarias con las entidades locales. El objetivo de este acuerdo fue articular el marco general y la metodología para la «depuración, reconocimiento, liquidación y pago» de la deuda tributaria que mantenía la Junta con estos organismos por la falta de pago en periodo voluntario de las cuotas de IBI y otros tributos en materia de sanidad y viviendas de promoción pública.
EN CINCO AÑOS / A la firma del acuerdo se reconoció una deuda de 16,8 millones de euros correspondientes a los recibos atrasados del periodo 2012/2017, la mayoría correspondiente a las cuatro grandes ciudades. De la cantidad global, 12,5 millones correspondían a la provincia de Cáceres y 4,3 a Badajoz. La Junta se comprometió a liquidar la deuda en cinco años, un 20% en cada ejercicio (de 2017 a 2021), «sin perjuicio de que pueda satisfacerse en un plazo menor si la disponibilidad presupuestaria lo permite», dijo entonces Fernández Vara, que agradeció la «generosidad» de las diputaciones al permitir que se aplazara la deuda.
Según los datos facilitados ahora por la Consejería de Administración Pública y Hacienda, la deuda tributaria pendiente «conocida» a fecha de firma del acuerdo con las instituciones provinciales en el área de Vivienda ascendió a 11.487.450,57 euros, de los que a cierre del año 2018 se habían abonado 9.358.599,75 euros. Esto significa que respecto al IBI y el resto de tributos que afectan a las viviendas sociales, el Ejecutivo ha liquidado ya el 80% de la deuda y aún dispone de dos años para abonar el 20% restante, que asciende a 2,13 millones.
Sin embargo, aún falta por conocer el estado en el que se encuentra la otra parte de la deuda, que es la que afecta a los hospitales y centros de salud, y sobre la que la Consejería de Hacienda y Administración Pública no aporta datos por lo «complejo» del proceso y lo díficil que asegura, resulta recabarlos para poder ofrecer un balance.
Cabe recordar que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es la ‘joya de la corona’ de las arcas locales y genera casi un tercio de los ingresos que obtienen los ayuntamientos, de ahí que estos dieran la batalla y reclamaran lo que les correspondía. El más osado fue el de Plasencia, y a pesar de que obtuvo el visto bueno de los tribunales, ningún otro siguió sus pasos. Cáceres lo intentó, pero no fue posible porque los modelos de gestión eran diferentes.
En el caso placentino, se optó por etener la tasa correspondiente al canon del agua que el consistorio debía transferir a la Junta (es un impuesto autonómico que cobran los ayuntamientos) por una cantidad equivalente a la deuda por los impagos de IBI. El TSJEx le dio la razón después de que la resolución de la alcaldía fuera recurrida por la Junta. La capital pacense también reclamó en su día a la Junta el pago del IBI por los edificios sanitarios de la ciudad, que cifró en 5,2 millones de euros.
