La Junta lleva al Banco de España el cierre de oficinas en los pueblos

Fernández Vara respondió así a las diputadas de Ciudadanos y Podemos, María Victoria Domínguez e Irene de Miguel, que en el pleno de ayer preguntaron al jefe del Ejecutivo por la exclusión bancaria que sufren ya 45.000 extremeños. Ambos grupos, al igual que el PP (su portavoz de Hacienda, Luis Alfonso Hernández Carrón, interpeló a la consejera del ramo, Pilar Blanco-Morales, por el mismo motivo) exigieron al presidente que se plante y «vaya más allá» en este tema para proteger los intereses de los extremeños. Desde la formación morada se propuso que la Administración prime a aquellas entidades que mantengan un compromiso social con la región. «Nóminas, créditos, subvenciones... ¿cuánto dinero opera la Junta de Extremadura con Liberbank?», preguntó De Miguel.

En su intervención, Fernández Vara señaló sin querer dar más detalles que desde el Ejecutivo regional se han llevado a cabo reuniones con los alcaldes de los municipios afectados, la propia Liberbank e incluso el Banco de España para intentar que el cierre de sucursales no se lleve a cabo y si finalmente se ejecuta, aportar soluciones. Entre ellas, el presidente habló de facilitar locales públicos, un programa de alfabetización digital o la atención móvil. Incluso señaló que se están manteniendo conversaciones con otras entidades financieras, «por si alguna estuviera interesada» en prestar servicios en estos pueblos. El presidente reconoció que la exclusión financiera es consecuencia directa «de lo que está ocurriendo en la España más interior y rural», si bien recordó que además de los pueblos también afecta a algunos barrios en las ciudades. En este sentido, señaló que la tasa de exclusión financiera (personas que no tienen acceso a una oficina bancaria) se sitúa en la región en el 30%, una cifra que aunque «escandalosa», aún se sitúa por debajo del 50% que presenta la media nacional o el 75% de Castilla y León.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN / En la formulación de su pregunta, la diputada de Podemos Irene de Miguel alertó de que un tercio de los municipios de Extremadura van a sufrir exclusión bancaria, algo que no solo afecta a las personas más mayores, sino que «lastra el dinamismo de los espacios rurales, que es vital para volver a poner la rueda en marcha». «De nada sirve que hagan ustedes maravillosos congresos de despoblación (en referencia al PSOE) si luego ante casos como este miran para otro lado», criticó De Miguel. Tras recordar que el proceso de reestructuración bancaria del que nació Liberbank fue gestado por PSOE y PP, De Miguel instó a Fernández Vara a «ir un poquito más allá» y plantear actuaciones «firmes» en pro del interés de los extremeños en lugar de «poner parches».

SERVICIOS BÁSICOS / Por su parte, la portavoz de Cs, Victoria Domínguez, recordó que las sucursales bancarias en las zonas rurales «son servicios absolutamente básicos» que se necesitan para el buen funcionamiento y la seguridad de las personas que viven en esos municipios». Por ello, al igual que Podemos pidió a la Junta «más compromiso» para reclamar a las entidades bancarias que sigan prestando servicio en los pueblos de la región, ya que «son lo que son» gracias al esfuerzo de los impositores extremeños.

Por último, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón recordó que su grupo ya alertó en junio de 2016 del plan de cierre de oficinas de Liberbank y afeó a la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, que les tachara entonces de «alarmistas, demagogos y catastrofistas». «Ha pasado más de un año y no han hecho nada», criticó Hernández Carrón, que acusó a la Junta de «ponerse del lado de los bancos y dar la espalda a los extremeños». En respuesta, Blanco-Morales señaló que este problema es consecuencia directa de la reestructuración bancaria y apostó por recuperar el impuesto bancario.