El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, confirmó ayer que la Junta recurrirá la reforma eléctrica del Gobierno ante el Tribunal Constitucional por sus repercusiones "negativas e injustas" para la región ya que según explicó, la nueva normativa se ha desarrollado sin consenso, no incluye las peticiones de Extremadura y solo se centra en resolver el problema del déficit tarifario aún a costa de crear otros más graves. Echávarri hizo el anuncio durante una comparecencia a petición propia en el pleno del Parlamento, que estrena curso político con cuatro grupos tras la ruptura del Prex-Crex y el PSOE y la puesta en marcha del sistema de voto telemático por la baja maternal de la socialista Isabel Gil Rosiña.

Echávarri reconoció en la tribuna que la reforma eléctrica era necesaria para atajar el déficit tarifario (el año pasado superó los 36.700 millones) y para dar un marco estable al sector a medio y largo plazo, pero detalló que la Junta se opone a la propuesta del Gobierno porque "no es la que necesita este país". Según el consejero, el decreto estatal solo se centra en resolver el déficit de tarifa, "aún a costa de generar otros problemas que pueden ser más graves". Echávarri asegura que las modificaciones se han abordado sin consenso y entiende que los cambios planteados hipotecarán el desarrollo de las energías renovables, un sector fundamental para Extremadura, además de convertirse en "un ataque a la línea de flotación de la seguridad jurídica de las inversiones ya realizadas". El titular de Medio Ambiente recuerda además que el decreto estatal no recoge la petición extremeña de establecer un régimen específico para la biomasa cuando sí se han tenido en cuenta otras demandas de Canarias y Baleares. La Junta ha presentado ya tres recursos de inconstitucionalidad contra otras tantas normativas energéticas del Gobierno y al margen del confirmado ayer, Echávarri ha confirmado que en los próximos días se presentará el que se anunció contra el real decreto ley 2/2013.

TURNO DE REPLICA En respuesta, el diputado socialista Antonio Rodríguez Osuna ha dicho a Echávarri que "no vale echar balones fuera" ya que la reforma de Rajoy es también la de Monago. A su juicio, el decreto estatal es "un drama para la región" ya que las renovables eran el único pilar de desarrollo y diversificación industrial. Osuna ha criticado que la Junta presente recursos que se resuelven en cinco años y ha anunciado que el PSOE llevará a la Cámara una propuesta para impulsar medidas concretas.

El portavoz de IU, Pedro Escobar, apoyó la presentación del recurso de inconstitucionalidad, pero debido a la lentitud de los procesos judiciales, abogó por la derogación del decreto, cuestión que se debatió y aprobó por unanimidad en otro punto del orden del día. El líder de IU criticó que las sucesivas reformas hayan convertido al sistema energético en "un caos" y dejado al borde de la ruina a cientos de pequeños inversores por el cambio en las reglas del juego. Por su parte, a la diputada del Grupo Mixto, Fernanda Avila, le ha "gustado" la intervención del consejero. El Prex-Crex ha debutado en solitario pidiendo la dimisión del ministro de Industria, José Manuel Soria.