La Dirección de Política Social y Familia niega hoy retraso alguno en la aplicación de la Ley de Renta Básica y lamenta que la plataforma ciudadana Campamento Dignidad esté desinformando a los ciudadanos sobre un supuesto "peregrinaje" por dependencias administrativas para solicitarla.
De este modo responde al Campamento Dignidad de Mérida, que denuncia el retraso en la aplicación de la Ley y avisa de que si no se pone funcionamiento "ya" iniciarán una campaña de escraches.
La dirección general indica que los demandantes de la renta básica extremeña de inserción sólo tienen que presentar cuatro documentos para solicitar la prestación, dado que la administración se encargará de recabar el resto con el fin de facilitarles esta tramitación y eximirles de los costes que conlleva la expedición de algunos de ellos.
En concreto, señala que deberán presentar un certificado de convivencia, otro de residencia, la tarjeta de desempleo y una fotocopia del libro de familia cuando se trate de una familia numerosa, mientras que el resto de la documentación será solicitada directamente por los técnicos del Gobierno extremeño a las administraciones competentes.
Asimismo, aclara que "solo en las situaciones extraordinarias" los solicitantes deberán presentar alguna documentación adicional a la citada.
También niega que se haya producido un retraso en su aplicación dado que la disposición final segunda de esta norma señala que su desarrollo reglamentario debe realizarse en un plazo máximo de dos meses desde su entrada vigor, el pasado 23 de mayo, un plazo que aún no ha expirado.
En este sentido, recuerda que el reglamento fue publicado la semana pasada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) para su exposición pública y con carácter de urgencia, dado que el interés del Ejecutivo es agilizar los procesos administrativos para que los extremeños puedan estar disfrutando de este nuevo derecho social cuanto antes.
Tras el período de exposición pública, el proyecto de decreto por el que se aprueba este reglamento deberá pasar por el Consejo Consultivo y, a continuación, será elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior publicación en el DOE.
