El vaso está medio vacío". Con este metáfora resume el consejero extremeño de Hacienda, Angel Franco, las expectativas del Gobierno regional con respecto a la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, después de conocer la propuesta "excesivamente ambigua" presentada al conjunto de las comunidades españolas por el vicepresidente segundo Pedro Solbes el pasado martes, y en especial después de que se hayan confirmado las pretensiones de comunidades como Cataluña, que de llevarse a cabo podrían dar como resultado un nuevo modelo territorial que estaría fuera de los preceptos recogidos en la Constitución española, según Franco, y que daría como resultado "una España absolutamente distinta a la que conocemos", apuntó, no sin advertir que se estaría hablando de una serie de cuestiones por las que Extremadura "no pasaría".

El punto que genera mayor incertidumbre --e incluso "temor"-- al Gobierno extremeño es el que se refiere a la posible restricción de los servicios transferidos a las comunidades autónomas cuya financiación está garantizada a través de los fondos del Estado. Y es que, si en el modelo actual se parte de unas necesidades de financiación de las comunidades autónomas según las cuáles se garantiza la igualdad en la prestación de los servicios, el nuevo sistema podría incluir un fondo de garantías que podría dejar al actual fondo de suficiencia sin los recursos necesarios para cumplir el precepto de equidad citado anteriormente.

Esta situación llegaría en el caso de que cristalizara la propuesta procedente de Cataluña, en cuyo estatuto de autonomía se recoge la denominada liberación parcial de recursos, según la cual solo estarían garantizados los fondos para prestar en igualdad de condiciones las competencias de Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

Sin embargo, el consejero extremeño subrayó ayer en una comparecencia ante los medios de comunicación que para Extremadura "todos los servicios" que presta la Administración regional son "fundamentales y básicos", entre los que citó las infraestructuras viarias, la agricultura y la justicia, una vez que se produzca el traspaso de esta última. "Hay cuestiones que no pueden quedar al albur de que las circunstancias del mercado nos permitan tener recursos o no para poder prestarlas", comentó el consejero extremeño, que añadió que hay "principios que no se deberían traspasar".

Una vez conocido el documento base para la negociación, no será hasta al menos el próximo mes de septiembre cuando el Gobierno central iniciará los contactos bilaterales con todas las comunidades autónomas, a fin de seguir trabajando sobre este punto de partida.

Sobre las novedades que recogerá el nuevo modelo, comentó que el Gobierno extremeño no se opone a que se introduzcan correcciones como la relacionada con la población, ya que el sistema debe adaptarse al incremento de unos cinco millones de ciudadanos que ha sufrido en los últimos años. Sin embargo, Franco mantiene que este no debe ser el único criterio a tener en cuenta, sino que el modelo debe incluir otros, entre los que citó la superficie , su densidad de población, la dispersión y la insularidad, al entender que son criterios también influyen en la prestación de los servicios.