La crisis sanitaria generada por el covid-19 ha obligado a la administración autonómica a revisar las cuentas de este año y a aplazar el acuerdo sellado en febrero con los sindicatos para subir un 2% el sueldo a más de 45.000 empleados públicos de la Junta de Extremadura. El incremento estaba previsto inicialmente que se aplicara a partir del mes de mayo, pero la vicepresidenta Pilar Blanco-Morales anunció a finales de ese mes que el abono no se realizaría ante «una importante caída de la recaudación y un gasto sanitario sobrevenido» y que, por tanto, se aplazaría, de momento, 'sine die'.

Nadie hablaba de fecha entonces hasta que el pasado miércoles el sindicato UGT aseguró en un comunicado que el presidente de la Junta, en una de las reuniones semanales que mantienen el Gobierno regional y los agentes sociales y económicos, se había comprometido a realizar el abono antes de que terminara este año 2020.

Sin embargo, la Junta no confirma oficialmente ninguna fecha. «Cuando se acordó la subida salarial, había unos presupuestos y previsión de crecimiento que se han derrumbado. Por tanto, hay que esperar a evaluar todos los gastos y los recursos que recibiremos desde el Gobierno de la nación y de la Unión Europea. Pero nuestra voluntad es el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos», señalan desde el Ejecutivo a este diario.

Y ayer fue el propio presidente el que se refirió a este asunto tras ser preguntado por la prensa en un acto en Mérida. Guillermo Fernández Vara confirmó que su Gobierno acometerá la subida salarial del 2% a los empleados públicos pero que lo hará «cuando esté en disposición de hacerlo». «No lo hemos hecho ahora porque no hemos podido hacerlo» e insistió en que la negativa a llevar a cabo aquel acuerdo firmado en febrero «no es para siempre; se nos han caído de forma brutal los ingresos, a la vez que los gastos han crecido de forma exponencial», explicó.

En la misma línea se expresó ayer, tras el Consejo de Gobierno, la vicepresidenta Blanco-Morales, quien indicó que en estos momentos las prioridades son otras, así como las necesidades y los gastos. «Se hará cuando podamos y se hará previa negociación con los representantes de los trabajadores». Dijo, asimismo, que dar fechas es «cuando menos prematuro dadas las enormes incertidumbres» que todavía existen porque la crisis sanitaria «está aquí». No obstante, la vicepresidenta avanzó que la próxima semana se reunirá la Mesa General de Función Pública para abordar este asunto.