El consejero de Economía e Infraestructuras de Extremadura, José Luis Navarro, no cree que actualmente se justifique la necesidad de construir un almacén temporal individualizado (ATI) para la central nuclear de Almaraz.
Navarro ha señalado que "con independencia" de que el Ejecutivo regional no comparte la decisión de construir el ATI, está sería una cuestión que debería plantearse cuando llegue el momento de que los promotores decidan pedir la autorización para ampliar la explotación de la instalación.
El consejero ha querido aclara que el ATI y las autorizaciones para alargar la vida útil "son dos cuestiones independientes", ya que la autorización que tienen los dos reactores finalizan en 2020 y tendrá que ser sometida en su momento si los promotores presentan la solicitud de renovación.
"Otra cosa distinta es el ATI", ha indicado Navarro, que ha recordado que en el período de consultas que abrió el Ministerio de Industria la Junta de Extremadura ya indicó que "que es innecesario, no está justificada su necesidad antes de que venza la autorización de la explotación".
En este sentido, ha recalcado que "hasta ahora" no está suficientemente acreditada y "si en el curso de la renovación se considerara necesaria tendrá sentido plantearla, pero ahora no corresponde el planteamiento".
Navarro ha reiterado que la Junta ha hecho hasta ahora lo que tenía que hacer, ya que hay una ley que cumplir, que establece que la competencia es del Ministerio de Industria "oídos los informes del Consejo de Seguridad Nuclear y previa evaluación impacto ambiental en curso".
Ha añadido que si esta evaluación es desfavorable, se archiva el expediente, si fuera favorable será potestad del Ministerio de Industria "y a nosotros nos toca respetar la ley, con independencia de que no compartamos la decisión".
En cuanto a la decisión del Gobierno de Portugal de pedir una reunión, con carácter de urgencia, con responsables de los ministerios de Energía y Medio Ambiente españoles, para abordar la construcción del ATI, el consejero entiende que el país vecino "ejerce sus derechos" y su planteamiento "entra dentro de la normalidad".-
Ha precisado que como en cualquier otro proyecto transfronterizo, el gobierno de un país está amparado por la legislación europea para pedir información a otro en el caso de que se presuma que pueda tener impacto ambiental.
