La Junta de Extremadura no presentará recurso de casación y abonará a Renfe la cuantía que recoge la sentencia hecha pública esta mañana, la cual se eleva a 3,4 millones de euros. La Junta de Extremadura procuró defender los legítimos intereses de la ciudadanía extremeña ante la mala calidad de los servicios ferroviarios que se estaban prestando en el período al que se refiere la sentencia y así fue comunicado a la opinión pública, ya que estos servicios no reunían la suficiente calidad, ha señalado la administración autonómica.
Para la Junta de Extremadura, actualmente la prestación es muy distinta a la de aquel período, ya que en el marco del Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura se han adoptado decisiones importantes que han supuesto mejoras como la disminución del número de incidencias que se ha rebajado en más de un 60%, el aumento de la puntualidad que ha pasado del 62% de 2018 al 85% de la actualidad, las mejoras de información al pasaje o de las capacidades de reparación, cambio de trenes que son más solventes y más cómodos, disminución de los tiempos de viajes o actuaciones en la red convencional.
Además, los acuerdos a los que se ha llegado con Renfe en la actualidad recogen las penalizaciones por mala prestación del servicio.
La sentencia da parte de razón a la Junta de Extremadura, añade, ya que exime a la Administración autonómica del pago de 1.35 millones que reclamaba Renfe.
