La Junta de Extremadura no tiene entre sus previsiones la puesta en marcha de la figura del Defensor del Menor al considerar que la infraestructura aportada por la Dirección General de Infancia y Familia garantiza "plenamente" la tutela de los derechos de los niños. El director general de Infancia y Familia, Javier Alonso de la Torre, hizo esta apreciación ante los medios de comunicación momentos antes de comparecer ante la Comisión de Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Asamblea de Extremadura, para dar respuesta a la pregunta formulada por la diputada del Grupo Popular Teresa Tortonda, acerca de las previsiones de la Junta de poner en marcha esta figura. "Actualmente existe una estructura -en referencia a la Dirección General de Infancia y Familia- que asume todas las funciones de tutela de todos los derechos fundamentales de la infancia y la difusión del conocimiento de tales derechos", subrayó. Además, señaló que la aprobación de la Proposición No de Ley en la que se debatió en 1996 la creación de esta figura no fue apoyada "en ningún momento" por el Grupo Socialista, y que esta postura fue posteriormente refrendada por los ciudadanos en las elecciones autonómicas de 1999. En cualquier caso, dijo que esta institución tiene entre sus funciones la recepción de todas las notificaciones de situaciones de riesgo para los derechos de la infancia, pero que sin embargo carece de "poder ejecutivo ni capacidad de reacción". Por el contrario, añadió al respecto, la direcciones generales de infancia instauradas en la mayoría de las regiones, lo hacen de manera "más eficiente" ante cualquier situación de riesgo. Asimismo, el director general de Infancia y Familia apuntó que todas las actuaciones realizadas desde su departamento están "en todo momento" supervisadas por el Ministerio Fiscal, por los jueces y los tribunales. El Defensor del Menor está actualmente instaurado en Madrid, en Cataluña, como adjunta al Defensor del Pueblo, y en Andalucía, pero asumida también por el Defensor del Pueblo. "La situación actual de la infancia en Extremadura no puede considerarse en absoluto que sea peor que en 1997", dijo Alonso de la Torre, en respuesta a unas declaraciones previas de la diputada popular Teresa Tortonda. Añadió al respecto que las circunstancias sociales, y también las que afectan a los menores, son "cambiantes", de manera que surgen nuevas situaciones, lo que exige la adaptación de la Administración pública mediante la puesta en marcha de nuevos recursos y de la remodelación de los ya existentes, dijo. Así, citó la construcción de dos nuevos centros de menores en Mérida y Badajoz, y el inicio de las obras este mismo año de otro más en Cáceres, así como la remodelación de instalaciones ya existentes. Con ello, dijo el director general de Infancia y Familia, la Administración se está preparando para las circunstancias que puedan venir en el futuro, con un modelo "absolutamente flexible que nos permita adaptarnos a la situación actual, en la que damos una respuesta absolutamente satisfactoria, pero también a las situaciones futuras que pudieran desencadenarse". A este respecto, reseñó la situación que ya se vive en otros puntos de la geografía española y que, por el momento, según dijo, no lo ha hecho a Extremadura, como es la llegada de niños inmigrantes no acompañados de familiares. MÁS FAMILIAS ACOGEDORAS La Junta tutela actualmente a unos 700 niños, de los cuáles 270 se encuentran atendidos en los ocho centros de acogida, 125 más en los pisos tutelados, y otros 300 en la red de familias acogedoras. Sobre este asunto, el director general hizo un llamamiento a las familias extremeñas para poder ampliar esta red, y destacó que el valor de la solidaridad de los hogares extremeños está demostrado con otros programas como por ejemplo el de 'Vacaciones en Paz', en el que durante los meses de verano albergan a menores saharauis. "Hay una clara necesidad de familias dispuestas" a pertenecer a esta red, apostilló. NUEVA SITUACIÓN La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Teresa Tortonda, por su parte, justificó la pregunta parlamentaria recordando que la creación del Defensor del Menor fue aprobada por mayoría con los votos de PP, Extremadura Unida e IU, en cuyas filas militaba el ahora portavoz del Grupo Socialista, Luciano Fernández. Dijo además que los argumentos del PP son los mismos que entonces ofreció la diputada Cristina Herrera, que quedan ampliados por los"problemas" que según dijo han aparecido en la realidad extremeña y que requieren una respuesta "inmediata". Entre ellos, citó el aumento de los casos de embarazos no deseados, así como del consumo de drogas, que según el Observatorio español de drogas, de manera que Extremadura ha pasado del décimo al tercer puesto en el índice de consumo de estas sustancias. Asimismo, se refirió a "problemas nuevos", como el maltrato en los centros escolares. De esta forma, al contrario que la Junta, el PP considera"necesaria" esta figura "independiente", que pueda criticar y respaldar todas las acciones que emprenda la Administración regional y entidades privadas. A este respecto, dijo que estos mismos argumentos fueron los ofrecidos por el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al justificar la creación del Defensor del Discapacitado, en las que señalaba que una figura independiente puede alertar a la Consejería de Bienestar Social acerca de acciones o medidas "mal hechas". Además, dijo que el PP ve esta figura "no como un gasto más, sino como una inversión para todos los menores y familias", y añadió que por el contrario, la Junta debería considerar un "mal gasto lo que dedican a la publicidad institucional, o a comprar ordenadores por el doble de su precio".