La Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura aseguró ayer que no tiene «constancia oficial» de los registros y detenciones que se llevaron a cabo en cuatro de las 38 sedes de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA-UCE) de Extremadura, ni tampoco de los motivos de las mismas. La jornada se saldó finalmente con siete detenidos, cinco de ellos directivos de la organización. Algunos de los arrestos se produjeron en la sede de la organización agraria en Mérida, que se sitúa en el polígono Cepansa, a unos pocos metros de la Consejería de Agricultura. Los propios trabajadores del polígono, e incluso los funcionarios de la consejería, que se desplazan allí a desayunar, se mostraron sorprendidos por la operación policial que se llevó a cabo en la capital autonómica, que contó con un gran despliegue policial. Ante la mirada atenta de los curiosos, la sede permaneció acordonada toda la jornada.
