La Junta de Extremadura "no se va a precipitar" en el proceso de desarrollo reglamentario de la Ley de la Función Pública debido a las muchas "incertidumbres" normativas que hay pero que, aún así, este año se abordarán dos normas reglamentarias.

Así lo ha señalado hoy en Mérida la directora general de la Función Pública, María del Carmen Vicente, ante la Comisión de Administración Pública de la Asamblea regional, una sesión en la que el PP le ha preguntado sobre el desarrollo reglamentario de la Ley 13/2015, de 8 de abril, relativa a esta cuestión.

La directora general ha explicado que la aplicación requiere la modificación de todos los reglamentos en vigor y que no debe haber "precipitación" ya que no se mejorarían nada las condiciones ni la organización de la Administración regional.

No obstante, ha aseverado que se trabaja en temas más importantes y que para finales de año se abordarán dos normas reglamentarias, cuya naturaleza no ha especificado.

También ha explicado que la regulación de las normas requiere la negociación con las organizaciones sindicales y que hay otros pasos como las consultas a instancias como los órganos jurídicos.

Según la directora general, "no estamos parados pero no nos podemos precipitar porque hay muchas incertidumbres en las normas que regulan la función pública".

Por su parte, la diputada del PP Eva Pérez ha reconocido la "dificultad" de aplicar la ley pero también ha subrayado que los funcionarios "llevan mucho tiempo esperando".

Por otro lado, la directora general ha respondido a otra pregunta del PP sobre "qué valoración hace la Junta ante las irregularidades denunciadas por el colectivo ATE-Cuidadores en la prueba de acceso selectivo de las oposiciones de esta especialidad", que, por ejemplo, atiende a alumnos con necesidades especiales.

María del Carmen Vicente ha detallado que a la primera prueba, celebrada el 24 de julio, se presentaron 1.841 personas y que aprobaron 35 para un total de 10 plazas, que se abrió un plazo de reclamaciones que concluye el próximo día 25 y que la segunda prueba tendrá lugar a finales de octubre.

Ha resaltado que "no hay ninguna irregularidad" en el proceso selectivo, que los tribunales que examinan son "taxativos" en sus resultados y que no se les puede tener permanentemente "en la picota" sino que hay que dejarles trabajar.

Además, ha afirmado que las características de las pruebas están recogidas en las bases de la convocatoria.

A su vez, la diputada del PP ha destacado el "malestar" de numerosos opositores por cuestiones como el poco tiempo dado en los exámenes a la hora de responder a las preguntas y por su notable dificultad, lo que ha derivado en los pocos aprobados.

Por otra parte, la comisión ha aprobado, con los votos de Podemos, del PP y de Ciudadanos, remitir al Pleno de la cámara una Propuesta de Impulso presentada por la formación morada para pedir a la Junta crear la categoría profesional de Agente de Igualdad para atender a las víctimas de la violencia machista, esto dentro del Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la Junta.

Con una enmienda de sustitución el PP, aceptada por Podemos, se incluyen otros puntos como la creación de servicios de coordinación y que haya un proceso único de selección del personal.

La diputada de Podemos, Jara Romero, ha señalado que estos agentes son "imprescindibles" en las zonas rurales pero que su situación es precaria ya que, por ejemplo, dependen de las subvenciones y de las mancomunidades de municipios.

La parlamentaria del PSOE María Ángeles Ugalde ha dicho que la Junta trabaja desde hace tiempo en esta cuestión y que la propuesta de Podemos "no aporta nada".