Extremadura se suma al veto a las gasolineras 'low cost'. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que ostenta las competencias en Consumo, ha publicado un proyecto de decreto en el que se prohíben las estaciones de servicio desatendidas y se obliga a las que ya existen a contar con una persona responsable, lo que en la práctica se traduce en la contratación de empleados. La medida, justificada en la protección de los derechos de los consumidores y la necesidad de regular un sector "con gran trascendencia en la actividad económica y la economía familiar", afectará de lleno a las 85 gasolineras sin personal con las que cuenta la región en estos momentos, ubicadas fundamentalmente en estaciones de ITV, polígonos industriales o cooperativas agrarias. En el caso de estas últimas, se permitirá que sea un trabajador de la sociedad el que se encargue del servicio, pero el repostaje de los no socios se limitará al horario de apertura de la cooperativa.
La normativa fue demandada el pasado mes de febrero por el pleno de la Asamblea --el PSOE presentó una propuesta para instar a la Junta a elaborarla y contó con el apoyo del PP, Podemos y Ciudadanos-- y con su aprobación Extremadura se convertirá en la décima comunidad autónoma en regular las denominadas gasolineras 'low cost': Navarra, Asturias, Baleares, Andalucía, Castilla La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid ya han aprobado normas similares o las están desarrollando en estos momentos. Endurecer los requisitos a este tipo de surtidores que han proliferado en los últimos años ha sido también una petición constante por parte de las asociaciones de gasolineros y los sindicatos, pues al no contar con personal de atención al público pueden ofrecer precios más bajos y ejercer así una "competencia desleal", afirman.
CONSUMIDORES Además de la incidencia que la medida supondrá para el empleo, en el borrador del decreto publicado se recoge que es necesario regular esta cuestión para garantizar los derechos de los consumidores, toda vez que puede generarse un riesgo potencial para los usuarios en caso de derrame de combustible y en última instancia, no existe la posibilidad de reclamar ante algún responsable si se produce un error a la hora de repostar o en el cobro. A ello se suman los problemas de accesibilidad que pueden afectar a las personas con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida.
Así, el texto recoge que "todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción dispondrán en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, al menos de una persona responsable que garantice el ejercicio de los derechos de los consumidores", lo que en la práctica supone prohibir las estaciones desatendidas y obligar a las que ya existen a contratar personal. En el caso de las gasolineras ubicadas en cooperativas agrícolas y sociedades que conforme a la ley de hidrocarburos pueden dedicarse a la venta de combustibles a terceras personas no socias, se considerará que se cumple con lo establecido en el decreto siempre que en el horario de apertura al público un trabajador de la sociedad responda por el servicio que se presta.
Para ello, las instalaciones deberán contar con un dispositivo de llamada a disposición de los clientes que les permita requerir la atención inmediata de la persona en cuestión. No obstante, mientras la cooperativa permanezca cerrada solo se podrá suministrar gasolina a los socios. El decreto, aún en fase de borrador, acaba de iniciar su trámite y a la espera de recibir alegaciones antes de ser aprobado en Consejo de Gobierno, establece un plazo de dos meses desde su entrada en vigor para que las gasolineras se adapten a sus exigencias.
En el debate de la iniciativa del PSOE en la Asamblea en febrero, todos los grupos se mostraron a favor de que la Junta elaborase una normativa de este tipo, si bien el PP señaló que no hay que generar alarma entre la población en cuanto a la inseguridad. Los populares pidieron además que el procedimiento para legislar sobre el asunto fuera el ordinario para que los afectados pudieran acudir a la Cámara a expresar su opinión.
