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EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CRECIÓ UN 10% EL AÑO PASADO

La Junta opta por ayudas económicas para atender a los nuevos dependientes

Esta opción genera una mayor ratio de cobertura pero puede desembocar en copagos al no estar regulada. El 99% de los usuarios que se incorporaron al sistema en 2018 recibieron prestaciones vinculadas al servicio

 

Un dependiente realiza labores de rehabilitación en un centro especializado, en una imagen de archivo. - EL PERIÓDICO

Luces y sombras en la gestión de la dependencia. El número de personas atendidas creció el año pasado un 10,4% al incorporarse 3.607 nuevos beneficiarios al sistema, de forma que la región está próxima a alcanzar ya la cifra récord de 30.000 usuarios atendidos. Sin embargo, la gran mayoría de estos nuevos dependientes tienen asignada una prestación económica vinculada al servicio, una «caja negra» que si no se regula, como es el caso de Extremadura, puede generar importantes desigualdades entre los usuarios y traducirse en copagos para afrontar el coste de la atención.

Según el último informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Junta optó por esta modalidad de ayudas para el 99% de los dependientes que se incorporaron al sistema en 2018. Así, de los 29.189 beneficiarios actuales, el 50,5% son atendidos mediante esta vía. Las prestaciones vinculadas al servicio consisten en facilitar al usuario una ayuda económica para sufragar los costes de una plaza en una residencia, un centro de día, ayuda a domicilio, etc. que él mismo busca por su cuenta. La región es la comunidad que más apuesta por este modelo de gestión y el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes, José Manuel Ramírez, tilda el hecho de «preocupante».

«No sabemos si es positivo o negativo porque no sabemos a qué se dedica esa prestación, intuimos que mayoritariamente a sufragar plazas en residencias, pero no lo sabemos y hemos pedido al Imserso más información al respecto porque es importante conocer el contenido de esa caja negra y saber cómo se está gestionando», señala. Ramírez alerta de que con las prestaciones económicas vinculadas al servicio se puede caer en importantes riesgos si la Administración no aplica una regulación específica, como es el caso de Extremadura.

El primero sería lo que llama el «cheque-servicio», pues se obliga a los usuarios a asumir, además del descuento por copago, el sobrecoste de la prestación contratada si no se intervienen los precios por parte de la Administración. Una circunstancia que afecta especialmente a las rentas bajas y los grandes dependientes que requieren cuidados de intensidad y por tanto, más caros.

Para evitar estas situaciones, la asociación plantea aprobar una regulación que impida a las empresas prestadoras de servicios hacer «filtros previos» para evitar a los dependientes que generarán más gasto. Además, exigen también un control de los precios para que se asegure el acceso de los ciudadanos a los servicios y que no solo operen los mecanismos de la oferta y la demanda. Por último, abogan por controles públicos e inspecciones para garantizar la calidad y dignidad de los servicios prestados. A todo ello hay que añadir además que en Extremadura la atención a la dependencia no se ha descentralizado en los servicios locales, algo necesario, según Ramírez, para ganar en eficiencia.

MÁS COBERTURA Y EMPLEO / Sin embargo, y a pesar de todos estos factores, los informes de la asociación apuntan que las comunidades que han priorizado las prestaciones económicas vinculadas al servicio obtienen mejores ratios de cobertura, de generación de empleo y de retornos.

De hecho, en el caso de Extremadura se habrían creado 1.386 empleos directos en 2018 ligados a la Ley de Dependencia y 8.877 desde que se pusiera en marcha la ley. Es una de las cifras más altas del país, pero el colectivo apunta que hay que tomarla con cautela porque no hay datos oficiales sobre el destino de las prestaciones. Por su parte, los retornos por cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA alcanzarían los 71,5 millones de euros.

En este escenario, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hacen una valoración «positiva» de la gestión de la dependencia en el último año en la región, pues se han incorporado al sistema 3.607 nuevos beneficiarios, un 10,4% más. No obstante, en el resto de parámetros (solicitudes, personas valoradas y dictámenes emitidos), el ejercicio finalizó con exiguas cifras o en valores negativos.

Ramírez apunta además que es la primera vez que Extremadura aprueba los dictámenes de la dependencia que este colectivo realiza de forma periódica, y en los que la región apenas alcanzaba el cinco o se quedaba por debajo. De acuerdo a los datos del colectivo, a 31 de diciembre del 2018 había 33.341 solicitudes con derecho a prestación. 29.189 la están recibiendo ya (son un 10,4% más que en 2017), pero 4.152 siguen en lista de espera.

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1 Comentario
01

Por LUGANI 10:45 - 01.04.2019

Cuanto debería pagar la Junta por publicar publicidad subliminal asi en época electoral...?