Bonificaciones empresariales. No se habla de otra cosa en el debate político en España después de que el PSOE y el PNV hayan acordado el traspaso de las políticas activas de empleo al Pais Vasco, que conlleva esas bonificaciones a la Seguridad Social. Pero, en qué consisten. Se trata de unas bonificaciones que se deducen de las cuotas que pagan los empresarios a la Seguridad Social y que luego revierten en la misma; pero la polémica surge porque desde algunas autonomías se ha dicho que con este acuerdo se rompe la llamada caja única (todo lo que recoge la Seguridad Social en beneficios de todo el país), ya que será ahora la comunidad vasca la que vaya a gestionar esos recursos económicos que siempre han ido a parar a la Seguridad Social, y que ascienden a 472 millones de euros. De ellos, el Pais Vasco recibirá en torno a los 180 millones por la gestión de esas bonificaciones, según las primeras estimaciones, aunque todavía no se conoce la letra pequeña del acuerdo. Ante este nuevo marco, cuál es la postura de la Junta de Extremadura. De entrada, convocar en las próximas semanas a los empresarios y sindicatos, y también a los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, para ver qué piensan al respecto. "Si hay acuerdo en torno a que eso puede ser necesario, pues lo haríamos, y si no hay consenso no lo haríamos", comentó ayer el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.
Lo cierto es que Cataluña ha anunciado que pedirá al Gobierno esas competencias, y que Baleares y Andalucía van a estudiar esa posibilidad. Sin embargo, el Ejecutivo central dijo ayer que no existe un plan para transferir a otras comunidades autónomas la gestión de las bonificaciones empresariales, aunque sí estudiará todas las propuestas que le lleguen a este respecto. Extremadura también lo puede solicitar, porque el Estatuto de Autonomía contempla la posibilidad de ampliar las competencias en materia de políticas activas de empleo, pero prefiere primero consensuarlo con los agentes sociales y políticos.
Pero, ese consenso no parece estar muy cercano, porque algunas voces empresariales, como la Asociación de Empresarios de Mérida, consideran que un acuerdo como ese "sí rompe la caja única", porque será el Gobierno vasco el que gestione parte de ese dinero que va a la Seguridad Social que repercutirá en la economía vasca. Además, critican que no se haya fijado el mecanismo de la devolución de esas bonificaciones. En esa misma línea está el PP extremeño. Su presidente, José Antonio Monago, aseguró ayer que "se rompe la igualdad de los españoles y se rompe el principio de solidaridad", de manera que "un empresario vasco pueda tener mayores beneficios que un empresario extremeño con un dinero que es de todos los españoles".
Sin embargo, el presidente extremeño considera que "ampliar una competencia significa a mi juicio, y siempre los hemos intentado así, hacerlo desde el máximo consenso, más si en el seno de ese consenso hemos asumido la reforma del Estatuto de Autonomía".
NO SE ROMPE NADA En todo caso, insistió en que "bajo ningún concepto" la transferencia al País Vasco de las bonificaciones supondrá una ruptura de la caja única de la Seguridad Social, porque se seguirá ingresando en la caja de la Seguridad Social "el cien por cien de la cotización", con la salvedad de que "en vez de ingresarse desde el Estado se ingresa desde otra administración del Estado que es la comunidad autónoma", la vasca en este caso.
En resumen, para Fernández Vara ese traspaso "no aporta nada nuevo", cuando además, destacó, la fijación de las bonificaciones seguirá siendo competencia del Gobierno central. "Hasta donde yo tengo información, porque habrá que ver la letra chica de ese acuerdo, es que no podrá modificarse esa bonificación", lo que significa que se regulará "con carácter estatal" como hasta la fecha "y no puede una comunidad autónoma modificarla", reiteró.
