Los funcionarios de la Junta de Extremadura cobrarán a partir del mes de mayo la subida salarial del 2%, pero a cambio se suspenderá el abono del complemento de la carrera profesional en los términos pactados en 2018 y los docentes de Secundaria volverán a las 19 horas lectivas el próximo curso. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, se lo trasladó ayer a los sindicatos CSIF, UGT y CCOO en la Mesa General de Negociación de la Administración que se celebró en Mérida, después de que el pasado viernes ya les avanzara en otra reunión que el Ejecutivo no podía afrontar esa subida salarial si no se aplicaban otras medidas de ajuste porque la región no cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria (el déficit supera el 1% del PIB).

Ante este escenario, los sindicatos mostraron su «gran decepción» y anunciaron que tratarán de negociar de forma inminente un calendario de movilizaciones para dar respuesta en la calle a estas «imposiciones» de la Junta. Desde el ámbito educativo no se descarta incluso recurrir a la huelga, si bien tanto CSIF como UGT y CCOO abogaron ayer por esperar a esa negociación conjunta para concretar las acciones a tomar. «Son recortes en mayúsculas y en toda regla, recortes que desgraciadamente nos empiezan a ser familiares y nos recuerdan al 2010 con Zapatero y al 2012 con Rajoy», dijo el presidente de CSIF, Benito Román.

Según explicó la consejera, los 45.000 empleados públicos de la Junta cobrarán a partir de mayo y con carácter retroactivo desde el 1 de enero una subida salarial del 2%. El aumento supondrá un coste cercano a los 50 millones de euros para las arcas autonómicas y en base a los cálculos realizados por este diario, se traducirá en un incremento medio de 35 euros mensuales (490 al año) en la nómina de los empleados públicos extremeños. Blanco-Morales reiteró que el incremento de los presupuestos autonómicos para 2020 en un 3,6% no es equiparable a lo que supone esa alza del 2%, que hace crecer el capítulo de personal en torno a un 8%, una cifra que en estos momentos no es asumible por parte de la Junta. Por ello se han planteado a los sindicatos otras medidas compensatorias que según la consejera deben aplicarse sobre el acuerdo que se firmó a nivel autonómico en el año 2018, cuando Extremadura «sí cumplía con las condiciones de estabilidad presupuestaria».

ACUERDO AUTONÓMICO / Así, de todo lo que se acordó entonces «quedan en suspenso las medidas atinentes a la carrera profesional y la reducción de la jornada docente», que pasará a 19 horas lectivas en Secundaria a partir de septiembre. Blanco-Morales recordó que los términos de este acuerdo estaban supeditados al cumplimiento de las obligaciones de estabilidad presupuestaria «y así fue firmado», por lo que ahora entiende que «las medidas de suspensión están acordes a lo pactado» con los sindicatos.

Respecto a la carrera profesional, cabe destacar que se trata de un complemento salarial que perciben los funcionarios de la Administración General y la Sanidad que reconoce su progreso y desarrollo profesional en la Junta. Se creó en el año 2006 y el primer nivel (cinco años de antigüedad) se empezó a abonar en el 2008 a los funcionarios de carrera y el personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud (SES), pero quedó congelado en 2012. El compromiso adquirido por la Junta, que ahora queda en suspenso, era abonar el 100% de nivel 2 (12 años de antigüedad) a partir del 1 de enero de 2020 para los 13.000 funcionarios de la Administración General que lo tienen reconocido, año en el que además debería empezar negociarse el reconocimiento del nivel 3 y 4. En el caso del SES, se tenía que abonar otro 35% del nivel que cada uno tiene reconocido de carrera y desarrollo profesional para este 2020, alcanzando un total del 70%. La consejería no facilitó ayer cifras acerca del ahorro que supondrá esta medida, y tampoco el aumento a 19 horas lectivas para los docentes de Secundaria. Esta última medida entrará en vigor el próximo curso y tendrá impacto directo en la contratación de interinos: cuando se redujo a las 18 actuales, la Junta contrató a 200 profesores más.

REACCIONES / Tras la reunión, los sindicatos mostraron su «gran decepción» por la postura de la Junta, aunque sí se congratularon por que la subida salarial del 2% vaya a ser una realidad. «Basta ya de que los empleados públicos siempre sean utilizados como caja registradora, basta ya de que sus nóminas sirvan para equilibrar las cuentas del despilfarro de aquellos que gobiernan», dijo el presidente de CSIF, Benito Román. El sindicato ya celebró ayer una primera protesta a las puertas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para exigir a la Junta la subida del 2% y la carrera profesional. A tenor del resultado de la mesa general, Román se preguntó «si solamente van a ser los empleados públicos quienes paguen este desajuste económico» y aseguró que CSIF seguirá en calle con movilizaciones «conjuntas o unitarias».

También abogó por la movilización conjunta el representante de UGT, José Ignacio Luis Cansado, para quien los empleados públicos «no pueden ser nuevamente los paganos de los distintos ajutes para la estabilidad presupuestaria». Por su parte, el portavoz del Área Pública de CCOO, Francisco Jiménez, igualmente se mostró «en profundo desacuerdo» ante lo que consideró «un ataque» de la Junta. Además, hizo un llamamiento a todos los empleados públicos para que «ninguno mire solamente por su situación, sino que seamos capaces de mirar en conjunto».

Sobre este tema también se pronunciaron ayer otras organizaciones sindicales que no tienen representación en la Mesa General de Negociación. Entre ellas la federación USAE (engloba a PIDE, SGTEX y SAE), que exigió «el cese fulminante» de Blanco-Morales por su «nefasta gestión». En una nota, USAE puso de manifiesto «falta de respeto absoluto» a la palabra dada, máxime cuando «días antes de las elecciones se firmaron y publicitaron a bombo y platillo acuerdos para la recuperación de derechos con los sindicatos tradicionales». Desde el ámbito educativo, ANPE señaló que «no será cómplice» de ninguna merma de derechos y anunció movilizaciones o convocatoria de huelga si fuera necesario.